
Este jueves, la organización internacional Artículo 19 dio a conocer que colectivos de periodistas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano por estigmatizar y atacar su labor.
Los gobiernos federal, estatal y municipal hacen uso de recursos públicos, a través de espacios oficiales, para confrontar a personas defensoras, reporteros, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales con el fin de silenciar, censurar y atacar la disidencia.
A pesar de la negativa de las diferentes administraciones, Artículo 19 aseguró que estos actos generan un contexto de permisividad para agredir a la prensa por su labor periodística.
“Esto tiene como consecuencia directa el aumento de la violencia y el deterioro de entornos seguros para poder ejercer la libertad de expresión y defender derechos humanos”, detalló la organización.
El boletín resaltó que en el país persiste una impunidad del 98% en los crímenes contra la libertad de expresión. Además, indicó que no se ha clarificado el accionar respecto a los 20 asesinatos y 4 desapariciones de periodistas, así como a los 45 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurridos durante el actual sexenio.

Otra de las herramientas utilizadas por el gobierno federal para estigmatizar el trabajo periodístico es la nueva sección de la conferencia matutina llamada “Quién es quién en las mentiras”, pues, de acuerdo con Pedro Vaca, Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH “puede estar afectando las garantías para un debate libre e informado del señalamiento público”.
Asimismo, pidió reconsiderar el espacio, ya que “el debate no puede trazarse bajo la culpabilidad de reprender y tiene que ser más abierto en términos de libertad expresión y democracia”, sentenció.
Artículo 19 aseguró que acogerá la propuesta realizada por la CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para establecer mesas de diálogo con el gobierno mexicano, las cuales, esperan, se realicen a la mayor brevedad posible.
También anunciaron su disposición de brindar asistencia técnica al Estado mexicano para incorporar estándares internacionales sobre derechos humanos, especialmente en materia de libertad de expresión, para el desarrollo de las “mañaneras” con el objetivo de prevenir la reproducción de discursos estigmatizantes.

Ante ello, la comisionada y relatora para México, Esmeralda Arosemena Troitiño, afirmó que la diversidad de opiniones no significa enemistar a las personas defensoras y periodistas con el gobierno, por lo que propuso un acercamiento y ofreció su apoyo para entablar el diálogo.
“Reiteramos nuestro llamado para que la CIDH, medios de comunicación y sociedad en general se mantengan atentas por posibles represalias posteriores a la audiencia contra las y los integrantes de las organizaciones participantes”, se lee en el comunicado.
Las organizaciones solicitantes también propusieron realizar investigaciones efectivas con perspectiva de género para poner fin a la impunidad, eliminar los delitos contra el honor, revisar otros tipos penales instrumentalizados para criminalizar la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión, así como garantizar que las y los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones estigmatizantes, reconozcan y garanticen la labor de estos colectivos para el ejercicio democrático.
Finalmente, insistieron en las peticiones realizadas durante la audiencia, las cuales fueron: que el ejecutivo federal reconozca la labor periodística y de las organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de la democracia, cesar las narrativas estigmatizantes y el acoso judicial, fortalecer al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas; y contar con una política integral con enfoque de género para combatir la violencia contra periodistas y personas defensoras.
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