Cerca de las 11:00 horas, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar y compartir videos donde presuntos elementos de la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal desalojaban a profesores y alumnos de la Universidad de Las Américas en Cholula, Puebla.
De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, la toma respondería a “una orden judicial por un viejo conflicto con la familia Jenkins”, presuntamente por la marca y logotipo de la universidad.
Mientras tanto, el operativo ha desencadenado protestas por parte del alumnado, que se mantiene en la incertidumbre en torno a lo que sucede y a lo que procederá en la siguientes horas en el campus universitario.
Contrastando con los reportes del profesorado y alumnos, la Guardia Nacional informó que “no participa en ninguna diligencia relacionada con la Universidad de Las Américas ni con ninguna institución educativa del estado”.
“Hasta este momento no hay ninguna información sobre lo que sucede en la Universidad de las Américas. Las autoridades están el campus pero no han dicho nada”, escribió Riva Palacio en su cuenta de Twitter.
“El desalojo de la Universidad de las Américas también se inscribe en el contexto de un conflicto entre los hermanos #Jenkins por el control de la Fundación. ‘Se mezclan muchas cosas’, dijo un directivo de la universidad, ‘pero realmente no sabemos qué pasa’, detalló en un segundo tuit.
El lunes 28 de junio, autoridades judiciales de Ciudad de México y del Estado de Puebla ordenaron la restitución de la posesión jurídica y material de la instalaciones de la universidad, así como el inicio de una auditoría legal, fiscal y contable de la administración del centro educativo.
En febrero seis integrantes de la familia Jenkins fueron acusados de saquear más de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), la cual asignó los fondos necesarios para la fundación de la universidad en 1966.
Asimismo, el gobierno de Puebla, a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), se sumó desde el año pasado a la denuncia que interpuso en 2016 Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia, en contra de su madre, sus cuatro hermanos y un sobrino.
El 16 de marzo un juez de control de Almoloya de Juárez giró órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados. La segunda orden en contra de los Jenkins de Landa se emitió el viernes 4 de junio por un juez de control de Puebla, a través de una denuncia que interpuso el gobierno de Puebla por el delito de fraude.
En los tres procesos, los hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como su madre, Elodia Sofía de Landa Irizar, y su nieto Juan Guillermo Eustace Jenkins, fueron señalados de haberse llevado casi la totalidad del patrimonio de la Fundación a paraísos fiscales. En caso de que sean detenidos serán ingresados al Penal de Almoloya de Juárez.
También se giraron órdenes de aprehensión en contra de los abogados. El gobierno de Puebla promovió también un juicio civil para embargar cuentas y propiedades de los implicados en este caso a fin de garantizar la recuperación de los USD 720 millones que presuntamente desfalcaron.
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