
Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), dejó clara su postura respecto a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y los derechos de la mujer para decidir su maternidad, esto a pocos días de que manifestara su aspiración a la presidencia de México.
Y es que tras llamar la atención de numerosos usuarios de redes sociales por enmarcar sus aspiraciones de escala en el poder de la política mexicana, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro dijo que aunque lo que él piensa no es la idea más popular, así se debería de ejecutar.
Fue por eso que especificó que está a favor de que las mujeres decidan libremente sobre el ejercicio de su maternidad. También expresó que aunque vaya a “contracorriente” del pensamiento popular en México, el libre derecho de elegir sobre su propio cuerpo no debe de estar sometido a consultas, pues los derechos no se deben de ser votados.

Este tema decidió sacarlo ante la pregunta de una usuaria en redes sociales, quien increpó al sociólogo de la UAM en caso de que llegara a la presidencia. “¿Cómo le haría para lidiar con las críticas, representar a todos los mexicanos y respetar sus opiniones?”, cuestionó la cuenta @AleFerruzcaL de Twitter.
Ante esto, el diputado que llegó a su curul gracias al voto de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México contestó que su firmeza y convicción lo lleva a defender el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad; sin embargo, consideró que si esto se somete a votación popular en México, quedaría en letra muerta.

La historia de la despenalización del aborto a nivel mundial tiene más de 70 años, pues en 1950 Corea del Norte fue el primer país en legalizarlo, para que tres años después, Hungría se sumara a la lista; sin embargo, al principio, la legalidad de la interrupción del embarazo estaba condicionada al permiso de algún varón, el cual podría ser el padre de la gestante o el cónyuge.
Con los años, más países se fueron sumando, pero no fue hasta 1975, cuando se legalizó en Francia, que las leyes, en vez de mostrarse en razones de salud de la mujer o de control poblacional, se centraron en los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad sin repercusiones penales.

Décadas después, se incorporó el modelo ILE al entonces Distrito Federal (D.F.), ahora Ciudad de México (CDMX), ya que se comenzó a visibilizar el aborto como un problema de clases sociales, donde las mujeres de escasos recursos se practicaban este proceso de manera clandestina y con riesgos sanitarios, mientras que las clases privilegiadas acudían a clínicas privadas o en el extranjero para detener su gestación.
De tal manera que para el 28 de agosto del 2008, durante la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como procedente la despenalización del aborto, algo que no fue bien recibido por los llamados “pro vida”, quienes defienden la gestación temprana de los productos aún en su etapa de zigoto.
De acuerdo a las leyes locales de la CDMX y de Oaxaca, la interrupción del embarazo es legal si se practica hasta antes de las 14 semanas. Para practicar el procedimiento, las mujeres acuden a clínicas especializadas que cuentan con la indumentaria y el personal capacitado para realizar el aborto con la mínima cantidad de riesgo. Aunado a esto, se brindan pláticas amplias para concientizar de las consecuencias que podrían tener al corto, mediano y largo plazo tras el ILE.
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