En uno de los rincones más precarios de México se concentra uno de los grupos criminales más sanguinarios del país: la Familia Michoacana, que desde hace cinco días mantiene sitiada la comunidad El Pescadito, en Guerrero.
Aunque el cártel hizo su aparición hace un par de meses, fue hasta el pasado lunes que cumplió su amenaza de tomar el control del poblado, desplazando al centenar de habitantes que vive ahí. En medio de las celebraciones de las elecciones y ante el silencio de las autoridades, las personas han salido de ahí.
Este viernes, pobladores del sur de Guerrero denunciaron estar cercados en su pueblo, desde hace cuatro días, por miembros de la Familia Michoacana
Organizaciones civiles legitimaron los videos en los que habitantes del municipio de Coyuca de Catalán, en la frontera con el estado de Michoacán, denuncian los ataques del cártel, por lo que cientos de ellos están atrapados en un ejido en medio de balazos.
”Urgimos a Héctor Astudillo (gobernador de Guerrero), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), garantizar la protección, integridad y asistencia a las familias afectadas”, pidió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Los habitantes aseguran que llevan cuatro días encerrados porque los sujetos armados intentar ingresar a sus tierras a la fuerza.
Una mujer, que dirige la página de Facebook del “Ejido Guajes de Ayala”, aseguró que cerca de 100 personas, entre ellas 50 menores de edad, están en un centro de salud de esa comunidad mientras los hombres del pueblo se enfrentan a los criminales armados. La ciudadana también señaló que helicópteros de las autoridades han sobrevolado el área, pero han desoído sus peticiones de auxilio, según informó una agencia de noticias internacional.
Desde principios de 2012, la ambición por controlar los plantíos y la distribución de amapola y marihuana, llevó a los pistoleros a asesinar y desplazar a las familias que habitaban en la región de la costa grande del estado de Guerrero.
Oficinas postales, centros de salud y escuelas... nada se salvó. Los dueños de las construcciones ahora padecen hambre, ya que al no poder regresar a cultivar sus parcelas viven de la limosna y la caridad de los pueblos vecinos.
En estos pequeños poblados, las imágenes se repiten: casas baleadas y edificios quemados por completo. Huertos abandonados y corrales para ganado derruidos. No hay ni una sola persona en un radio de 30 kilómetros y al parecer, así será por mucho tiempo más.
Un informe reciente del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, indica que unas 6,500 personas han abandonado forzadamente sus casas, a causa de la violencia en el estado.
El fenómeno se registra prácticamente en todas las regiones, pero se concentra en Tierra Caliente y la Sierra de Guerrero.
Los eventos de desplazamiento han sido documentados en Chilapa, Zitlala, Petatlán, Tecpan de Galeana, Acapulco, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. También en las regiones de Tierra Caliente como San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Teloloapan, Coyuca de Catalán y Zirándaro.
Los desplazados forzados son la cara invisible de un exódo que se produce en gran parte del país: periodistas, activistas, estudiantes, médicos, profesionistas y empresarios son los más amenazados.
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