Verdad y reparación de daños: los compromisos del Gobierno de México con víctimas de tortura sexual en Atenco

Después de 15 años de las violaciones cometidas a los Derechos Humanos en San Salvador Atenco, Estado de México, y a dos años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) referente al caso mujeres víctimas de tortura sexual, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reiteró su compromiso con el cumplimiento de dichos procesos para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las 11 mujeres torturadas sexualmente en mayo de 2006 por policías de dicha entidad federativa.

A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, mediante la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, se dará seguimiento al cumplimiento de los resolutivos pendientes que involucran a diversas autoridades del orden federal y local.

“Uno de los puntos centrales que dicta la sentencia es el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de Mujeres, como medida de no repetición, responsabilidad de esta subsecretaría a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos”, se lee en el comunicado oficial.

Asimismo, la dependencia federal indicó que en atención a la instrucción presidencial de erradicar la tortura y asumiendo la responsabilidad internacional, el gobierno de México aprobó el pasado 5 de noviembre de 2020 su incorporación como grupo de apoyo técnico al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Esta decisión provocó que en el país se creara un diagnóstico nacional de la situación actual, para lo cual se han impulsado trabajos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y tendrá el objetivo de incorporar a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) elementos que permitan obtener datos respecto a la tortura sexual en todo el país.

Finalmente, la Conavim y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos elaboraron una propuesta de lineamientos para la operación del mecanismo, la cual será puesta a consideración de organizaciones de la sociedad civil acompañantes del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e integrantes de la campaña ‘Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual’, así como de las mujeres sobrevivientes, para lo cual que serán convocadas a una reunión con objeto de enriquecer tales lineamientos.

Cabe recordar que en 2006, fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales realizaron actos de represión, detenciones arbitrarias y uso generalizado de la tortura, incluida la tortura sexual contra mujeres en Texcoco y San Salvador Atenco.

Posteriormente, en 2018, la Corte IDH estableció la responsabilidad internacional de México, sin embargo, no existe ninguna sentencia condenatoria a nivel nacional, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

A pesar de que el Estado mexicano se comprometió a garantizar la reparación, la justicia y la no reparación, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en su sentencia, las mujeres sobrevivientes han manifestado su preocupación ante el incumplimiento que guardan las medidas del fallo interamericano.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha remitido la investigación abierta contra policías estatales a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad.

De acuerdo con el Centro Prodh, “esta actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa en noviembre del 2020. Así, la misma instancia de procuración de justicia cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional, dejando fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando”.

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