El Senado mexicano aprobó este martes una nueva ley de remuneraciones para servidores públicos en el país, tras una resolución de la Suprema Corte para hacerlo, que indica que nadie podrá ganar ni lo mismo ni más que el presidente de México.
El Pleno aprobó en lo general con 90 votos en favor y 28 en contra la minuta que expide la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuyo objetivo, de acuerdo con el documento, es que estos salarios sean justos, equitativos, adecuados, proporcionales y responsables.
Morena, el partido de la mayoría, festejó como un logro de su gobierno y de la presumida “austeridad republicana” en el gobierno, una promesa de campaña del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de reducir los “derroches” de administraciones pasadas.
El dictamen indica que el Congreso de la Unión ratifica su compromiso de erradicar burocracias costosas y establecer retribuciones mediante criterios objetivos, acordes con las responsabilidades de los servidores públicos y la realidad del país. En la votación en lo general una parte de la oposición se sumó al visto bueno, pero en lo general el bloque opositor votó en contra, para una votación de 65 a favor y 49 en contra.
A través de esta Ley, subraya el documento, se pretende alcanzar un equilibrio para que la remuneración de los funcionarios sea suficiente para brindar una vida digna a sus familias, que los salarios sean atractivos y justos para los perfiles profesionales calificados y se generen ahorros en beneficio de la sociedad.
Con esto, el dictamen pasó al Ejecutivo para su firma, publicación y entrada en vigor, además de atender el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que en este nuevo ordenamiento se regulen los principios de adecuación, irrenunciabilidad y proporcionalidad.
En el documento, se destaca que la inclusión del Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita), como referente para la determinación de las retribuciones de los trabajadores del Estado, es una metodología innovadora que nunca antes se había aplicado en el país.
Esta nueva forma de determinar los salarios de servidores públicos, con sentido social y racionalidad económica, parte de la remuneración anual del Ejecutivo Federal, la cual constituye el tope máximo para el pago del resto de los funcionarios.
Este criterio frena la práctica discrecional de conceder que algunos servidores públicos, tengan percepciones por encima de sus superiores jerárquicos, pues ello no es proporcional a la función y responsabilidad del encargo encomendados en las leyes, reglamentos, manuales y demás disposiciones normativas que conforman el sistema jurídico mexicano, subraya el documento.
Se reitera en el documento que esta ley no deja espacio a la opacidad porque establece que todas las remuneraciones de los funcionarios son públicas y las autoridades están obligadas a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.
Alejandro Armenta, senador de Morena, el partido de la mayoría, afirmó que la nueva ley es el resultado de un clamor popular. “No más funcionarios que se pongan el sueldo que quieran”, dijo. Se termina con los excesos en el servicio público, pues éste debe ser para servir a los mexicanos y no para enriquecerse, completó.
La morenista Ana Lilia Rivera, por su parte, destacó que se proporcionarán condiciones de equidad y respeto a los derechos fundamentales de los servidores públicos. Además, “responde al país que, con tanta urgencia, pide que se acaben los gobiernos ricos con pueblo pobre”, expresó.
Sin embargo, la oposición criticó la legislación en lo específico. Xóchitl Gálvez, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), afirmó que está de acuerdo con la propuesta en general, pues nada ha indignado más a la sociedad que los privilegios que durante años tuvo la clase gobernante. Sin embargo, subrayó, existen trabajos de elevado riesgo y de alta especialización que requieren un sueldo acorde.
La senadora Nuvia Mayorga, del PRI (Partido Revolucionario Institucional), coincidió en la necesidad de construir un poder público racional y austero, apegado a la transparencia y a la rendición de cuentas. Pero, consideró, la propuesta no es un marco regulatorio útil, ni brinda certidumbre o claridad sobre las percepciones del sector público.
Por último, Miguel Ángel Mancera, del PRD (Partido de la Revolución Democrática), indicó que su fracción parlamentaria no está en contra de la “austeridad republicana”, sino en contra de un dictamen inconstitucional que no cumple con la sentencia emitida por la SCJN para garantizar certeza jurídica y salarios justos.
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