El Senado aprobó este lunes en comisiones una polémica reforma a un artículo del régimen transitorio de la Ley de Hidrocarburos que dejaría sin efectos una parte de las reformas secundarias energéticas del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), con lo que la paraestatal Pemex (Petróleos Mexicanos) volvería a tener el dominio en la venta de hidrocarburos.
Con 16 votos a favor y ocho en contra, las comisiones Unidas de Energía, y Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron reformar el artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos, con lo que pasó al Pleno para su discusión y eventual aprobación, algo que ocurrirá esta semana, tan pronto como este martes, aseguraron fuentes de la Cámara Alta a Infobae México.
Y es que esta es la última semana antes del cierre de sesiones ordinarias en ambas Cámaras del Congreso. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado llevarán a cabo al menos tres sesiones del Pleno esta semana, antes de que el 30 de abril culminen los trabajos de la LXIV Legislatura.
La modificación aprobada en comisiones este lunes en el Senado está diseñada para dejar sin efecto la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para sujetar los principios de regulación asimétrica en las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
El dictamen refiere que la enajenación que realice Pemex, sus empresas productivas subsidiarias o una persona moral por cuenta y orden del Estado, será considerada como comercialización por lo establecido en la presente ley y sus reglamentos, por lo que se deberán observar los principios de generalidad y no el de indebida discriminación prevista en la misma.
Asimismo, en el apartado de los transitorios del dictamen se establece que el decreto aprobado entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, se determina que se deroguen todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el decreto.
Finalmente, estipula que, en un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la CRE deberá dejar sin efecto los acuerdos, disposiciones administrativas de carácter general, resoluciones y lineamientos relacionados con la imposición de principios de regulación asimétrica a Pemex y sus organismos subsidiarios bajo la atribución concedida por la disposición transitoria que se reforma en el presente decreto.
Apenas el jueves pasado, el Senado aprobó la polémica reforma petrolera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los fuertes cuestionamientos de la oposición, expertos y empresas del sector por la posibilidad que tendrán las autoridades para suspender permisos a los permisionarios por cuestiones de seguridad nacional, algo que fue percibido como una posible “expropiación”.
El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados y que deriva de una iniciativa del Ejecutivo Federal, busca “garantizar la soberanía y seguridad energética de México, así como desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos” llamadas coloquialmente “huachicoleo”.
Además, pretende reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.
Para ello, propone facultar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los titulares de éstos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Sugiere que la Sener y la CRE puedan suspender los permisos expedidos a permisionarios, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional.
De la misma manera, dota de seguridad jurídica al permisionario, pues le permite solicitar la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas y que no se hayan originado ilícitos penales o infracciones administrativas.
Esta parte de la reforma petrolera de López Obrador es la que ha causado mayor polémica en las últimas semanas. De acuerdo con los expertos, la oposición y las compañías del sector, se trata de una forma de “expropiación” del gobierno mexicano, ya que le permitiría a las autoridades asumir el control de sus inmuebles.
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