Juez de Tamaulipas procesó a 30 agentes de la Marina por delitos de desaparición forzada

Un juez de Reynosa, Tamaulipas, vinculó a proceso a 30 agentes de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) por delitos de desaparición forzada; hechos ocurridos a principios de 2018 en Nuevo Laredo.

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal informaron que los elementos de la Semar estarán en prisión preventiva durante medio año, en tanto se realizan las investigaciones complementarias.

De acuerdo con el reporte, entre febrero y mayo de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hubo una serie de confrontaciones violentas de las cuales derivaron diversas denuncias por desaparición forzada, delitos que habrían cometido los agentes navales.

El caso fue reabierto durante la presente administración y se logró judicializar y arrestar a los 30 marinos, desde el pasado 9 de abril, cuando fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Tras las audiencias que comenzaron desde el 14 de abril, la FGR aportó elementos para que los castrenses fueran procesados.

Durante la noche del reciente miércoles, un juez de la misma sede había vinculado a proceso a seis agentes por los mismos hechos y para este jueves, 13 más se agregaron, junto con 11 que comparecieron por separado. Debido a que la desaparición forzada no permite seguir el proceso en libertad condicionada, los castrenses estarán tras las rejas por seis meses.

Este 12 de abril reciente, la Semar informó que puso a disposición de las autoridades a 30 agentes que, en diversos hechos, habrían participado en la detención arbitraria de 27 personas, 12 de las cuales fueron encontradas muertas en entierros clandestinos, mientras que 15 más no se han localizado.

“En un acto ejemplar de apego a la ley, el secretario de la Semar, almirante José Rafael Ojeda Durán, coadyuvó con toda eficacia para el cumplimiento de los mandamientos judiciales que se han llevado con prontitud y absoluta legalidad”, destacó la FGR.

Los hechos denunciados ocurrieron entre abril, marzo y mayo de 2018, de acuerdo con la Recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Según reportes de Animal Político, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene 34 carpetas de investigaciones abiertas en donde se incluyen hasta 47 víctimas, entre aquellas referidas por la CNDH.

Y aún cuando 30 marinos fueron detenidos luego de tres años, no está claro hasta dónde será investigada la cadena de mando. Pues en esta última dimensión es donde toma relevancia el almirante Marco Antonio Ortega Siu, presuntamente en retiro, pues él era el comandante del cuerpo de Élite que habría participado en las desapariciones; así como la importancia de Alfredo Reyes Mondragón, quien estuvo al frente de la Base de Operaciones de la Marina en Nuevo Laredo en el periodo de las desapariciones forzadas.

Ortega Siu cuenta entre sus principales logros la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en 2016. Ascendido en 2015 al grado de almirante, también fue considerado el 29 de junio de 2019 como posible secretario de Seguridad del estado de Puebla, pero 10 días después, Miguel Barbosa justificó que ya no formaría parte de su administración por obligaciones en la dependencia castrense.

Respecto a Reyes Mondragón, la CNDH determinó que fue señalado por testigos como el marino al mando de los operativos en campo que llevaron a algunas desapariciones. Cuando se intensificaron las acusaciones, el 1 junio de 2018, este oficial fue acuartelado en la capital del país junto con 257 agentes más, incluidos 3 Capitanes, 24 Oficiales y 230 Clases y Marinería.

Según los registros, entre mayo de 2017 y noviembre de 2018, los agentes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) fueron desplegados en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas con la finalidad de actuar en contra del Cartel de Golfo, Los Zetas y el Cártel del Noreste.

En primera instancia, los integrantes de la UNOPES operaron en varios municipios para recabar información sensible para después actuar en operativos de mayor alcance. Pero en esas actividades habrían desaparecido a personas de quienes sospecharon, pertenecían a grupos criminales en el noreste del país.

Pese a la participación de los oficiales, no se sabe si fueron beneficiados en el ejercicio de sus deberes en la Semar después de haber violado Derechos Humanos ni hasta dónde llegarán las autoridades del Estado mexicano.

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