Par el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, es indispensable que la policía estatal mantenga el control de la seguridad en la capital del estado, porque está asediada al menos por cuatro cárteles con alcance transnacional.
El jefe del ejecutivo poblano renovó, un año más, el decreto que le permite disponer del control de las fuerzas del orden en la ciudad, pues también argumenta que los índices delictivos no han disminuido.
“Los cuerpos de Seguridad Pública del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, acatarán las órdenes que el Gobernador Constitucional les trasmita, por sí o por conducto de quien designe para tal efecto, mismo que comprenderá todo el territorio del Municipio de Puebla, incluyendo sus Juntas Auxiliares”, indica la disposición publicada en el periódico oficial del estado este 24 de marzo reciente.
En la página cinco del decreto, el gobernador Barbosa Huerta hace referencia a informes reservados de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, Fiscalía General de la República y de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Por un lado, el morenista justifica que autoridades federales continúan reportándole la operación de grupos delincuenciales con cárteles de la droga que llevan años en Puebla.
Se refiere principalmente a remanentes de Los Zetas y de la Familia Michoacana, los cuales no han desaparecido del radar y solo se han fragmentado en regiones donde tuvieron su apogeo. La DEA y la Unidad de Inteligencia Financiero siguen reportando la influencia de estos grupos criminales en diversas entidades, como en ciudades de EEUU.
El gobernador agrega que células de los Beltrán Leyva también mantienen sus actividades ilícitas en la entidad. A su vez, incluye al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Incluso identifica que ambos cárteles operan en municipios como Palmar de Bravo, Cañada Morelos, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y, en particular, la ciudad de Puebla.
En cuanto al CJNG, Barbosa Huerta reportó que Puebla capital es considerada zona estratégica y representa un objetivo prioritario en las ambiciones de expansión y control territorial de las fuerzas del Mencho, como en el resto de la república mexicana.
De acuerdo con el diagnóstico, el cártel de las cuatro letras estaría interesado en las ganancias económicas que deja el robo de hidrocarburos, conocido como huachicoleo. Además, sus prioridades estarían en la incursión de otros mercados e ilícitos, como la venta de drogas, el cobro de extorsiones a comerciantes y locatarios, así como la trata de personas. Aunado delitos de alto impacto vinculados con asesinatos.
Cabe destacar que las justificaciones del gobierno poblano también se centran en la posible intimidación de autoridades y candidatos en el contexto del proceso electoral del próximo 6 de junio. De este modo, el CJNG estaría al acecho de los perfiles políticos para favorecer sus intereses.
Puebla ha visto el surgimiento y la expansión del grupo conformado por Roberto de los Santos de Jesús, alias el Bukanas, un líder huachicolero de Los Zetas. Al menos desde 2019, este sujeto ordenó el despliegue de narcomantas en la entidad, utilizó la violencia como método de control y retó en diversas ocasiones a las fuerzas de seguridad bajo el nombre de Sangre Nueva Zeta.
El cártel Sangre Nueva Zeta se ha hecho fuerte en la región conocida como Triángulo Rojo, que abarca los municipios poblanos de Acajete, Acatzingo, Palmar del Braco, Quecholac, Tecamachalco, pero un informe del Centro Nacional de inteligencia presentado el pasado 1 de febrero advierte que sus tentáculos han llegado a los estados de Tlaxcala, Veracruz y San Luis Potosí.
Por otra parte, las autoridades han identificado incursiones del Cártel de Sinaloa en el estado gobernado por Miguel Barbosa. A mediados de mayo del año pasado fueron detenidos tres presuntos operadores de Ismael Zambada García, el Mayo, luego de que escaparan en tres vehículos y atacaran a balazos a los uniformados en la zona del Angelópolis.
En el interior de los automotores se localizaron armas de fuego, paquetes de drogas, chalecos antibalas y dinero en efectivo. Presuntamente, estos sujetos operaban en la zona de bares y antros de San Andrés Cholula vendiendo drogas.
El pasado 10 de marzo, presuntos integrantes del crimen organizado perpetraron una emboscada contra dos policías estatales en la carretera Jolalpan-Tlaucingo, en los límites con Morelos y Guerrero. Presuntamente, siete tiradores se apostaron del lado derecho de un cerro y dispararon al vehículo de los agentes, quienes volcaron en la unidad tras el ataque. Raciel López Salazar, secretario de Seguridad Pública estatal, apuntó que los indicios apuntaban a Los Rojos y de la Familia Michoacana.
Además, Barbosa Huerta apuntó que en los últimos 5 años (septiembre 2016 a diciembre 2020), según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Inegi, la conflictividad y las perturbaciones al orden público siguen disparadas en Puebla. En 2016, el 24% de la gente escuchaba ocasionalmente disparos de arma de fuego en su domicilio, para marzo de 2020 la cantidad llegó a 46.4%, y para diciembre pasado era todavía de 34.9%
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