En medio de su cruzada contra jueces federales que pusieron en pausa su reforma a la industria eléctrica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al senado una iniciativa para completar en materia de leyes secundarias la reforma al Poder Judicial más ambiciosa en los últimos 25 años, cuyo proceso legislativo para modificar la Constitución se completó la semana pasada.
El documento señala que la iniciativa de López Obrador recoge la propuesta planteada por el Poder Judicial, que encabeza Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo equipo elaboró dichas modificaciones.
Además, reúne los cambios al orden jurídico nacional efectuados en las últimas dos décadas, a fin de “consolidar los avances que, en materia de impartición de justicia, demanda la sociedad”. El documento fue turnado a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.
La iniciativa plantea la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual consolida el entramado normativo para llevar “a buen puerto el proceso de cambio iniciado al interior del Poder Judicial de la Federación”.
Dicho ordenamiento contiene un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa “para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo”.
Asimismo, sugiere sancionar con responsabilidad administrativa los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
La propuesta también establece las contralorías para cada uno de los órganos de este Poder, las cuales implementarán los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Estos organismos, plantea el proyecto, fungirán como autoridades sustanciadoras de los procedimientos de responsabilidad administrativas, llevarán el registro y darán seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial y de su declaración de intereses.
Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de “tan deplorable conducta”. Otro de los aspectos de la iniciativa es la actualización de las facultades de la Suprema Corte.
En este sentido, incluye como atribuciones de este órgano la revisión, por oficio, de la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal, durante la restricción o suspensión de derechos y garantías, de las consultas populares, así como resolver el recurso de revisión especial en materia de seguridad nacional para efectos de acceso a la información pública.
Por otro parte, faculta al CJF para que pueda concentrar, en uno o más órganos jurisdiccionales, asuntos vinculados con hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos.
La iniciativa expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, y reforma la ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.
Asimismo, modifica la Ley Federal de Defensoría Pública; la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Cuestionado sobre los tiempos políticos para enviar esta reforma complementaria al Poder Judicial, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, el partido en el poder, mencionó que era totalmente “normal”. “Es consecuencia de la reforma constitucional que en diciembre se dio”, completó.
Por último, Monreal descartó de plano que se tratara de un “guiño” ni una “actitud”. “Es una consecuencia normal de la reforma constitucional que se dio en diciembre y que no podían enviar las leyes reglamentarias hasta que se concluyera todo el procedimiento que establece la Constitución en materia de reforma constitucional”, concluyó.
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