En agosto de 2020 el gobierno de Tamaulipas anunció a su nuevo Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), una facción de élite de la Policía Estatal que con la ayuda de helicópteros, drones y la “mejor capacitación” se supondría harían frente a la delincuencia en la entidad fronteriza.
Sin embargo, lejos de lo que prometieron, desde entonces los elementos de GOPES han acumulado quejas y denuncias de derechos humanos y de autoridades estatales y nacionales.
La gota que derramó el vaso fue la participación de algunos de sus elementos en el homicidio de 19 migrantes centroamericanos en Camargo, Tamaulipas.
Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de la entidad que prometió que “no habrá impunidad, trátese de quien se trate”, fue el mismo que presumió en agosto pasado al GOPES, y destacó que sus elementos estaban certificados y habían sido seleccionados previamente con base en sus capacidades y aptitudes, después de ser sometidos a rigurosos exámenes de control de confianza.
“En esta región de Tamaulipas conocida como la frontera chica, hace más de un año la seguridad está a cargo del Grupo de Operaciones Especiales de la policía estatal y existen una serie de quejas por abusos de autoridad, tortura y desapariciones forzadas que no son investigadas por la Fiscalía del estado”, destacó Raymundo Ramos, presidente del comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, al periódico Milenio.
El jueves 21 de enero, un día antes de lo ocurrido en Camargo, habitantes de Ciudad Mier denunciaron en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, además del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el “desplazamiento forzado de familiares por desapariciones del Grupo de Operaciones Especiales de la policía estatal de Tamaulipas”.
En la misiva los habitantes de Ciudad Mier denunciaron que el 13 de enero realizaron una protesta por las desapariciones forzadas de los vecinos de la comunidad Luis Alberto Herrera y Jaime Santacruz, ocurridos el 6 de enero y presuntamente a manos de policías. Durante la protesta, llegaron seis vehículos de la policía estatal con pasamontañas y les apuntaron con armas largas.
El 8 de diciembre de 2020, la diputada del PT, Olga Juliana Elizondo, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar al gobierno de Tamaulipas a implementar acciones investigar las violaciones a derechos humanos por el Grupo de Operaciones Especiales.
“Los ciudadanos tamaulipecos ven con preocupación que dicho cuerpo policial utiliza de manera arbitraria el poder con el que se dirigen y actúan ante la población, en el que se evidencia su falta de entrenamiento, coordinación, supervisión y control en su actuar que causan daños irreparables a la vida e integridad de las personas”, dijo la legisladora federal.
El Instituto Nacional de Migración (INM) separó de su cargo a ocho funcionarios de la Oficina de Representación de Nuevo León. Con ello, ya suman 20 servidores públicos luego de que 12 miembros de la policía estatal fueran detenidos por su presunta responsabilidad en el crimen.
El 22 de enero una llamada anónima alertó a las autoridades ante la presencia de dos camionetas abandonadas e incendiadas a la orilla de un camino en el municipio de Camargo, Tamaulipas. Al arribar, confirmaron la presencia de 19 cuerpos calcinados. De acuerdo con los primeros informes, habrían sido migrantes procedentes de Guatemala y en busca de llegar a Estados Unidos.
Luego de las inconsistencias en los hallazgos de la investigación contra de las declaraciones y reportes de los policías, jueces federales también ordenaron la revisión de mensajes y llamadas, así como la geolocalización de sus dispositivos móviles registrada la noche de la masacre.
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