El macabro hallazgo de 19 cadáveres incinerados el pasado 22 de enero en el estado fronterizo de Tamaulipas, cerca de Texas, no es el primer atentado que ocurre en la entidad contra migrantes.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) confirmó que hasta el momento se han identificado genéticamente cuatro víctimas: dos de ellas de nacionalidad mexicana y las otras de nacionalidad guatemalteca.
Aunque no hubo confirmación oficial de que se tratara de los cuerpos de 19 migrantes que viajaban desde Guatemala, sus familiares declararon que el coyote encargado del viaje ratificó que eran ellos. Se dice que algunos parientes están enviando muestras de ADN para verificar.
La masacre ha motivado comparaciones con otras anteriores que se han vuelto comunes en la región de Tamaulipas durante la última década. La más notable de ellas fue la masacre de San Fernando ocurrida en 2010, en la que 72 personas, muchas de ellas migrantes de Centro y Sur América, fueron abandonadas en una bodega luego de recibir un disparo en la cabeza. La bodega era propiedad del Cártel de Los Zetas. Y, a diez años del suceso, también es un recordatorio de la impunidad que goza el crimen en el país y la negligencia del Estado en la procuración de los derechos humanos dentro del territorio.
Trece de los asesinados eran guatemaltecos (más 24 hondureños, 14 salvadoreños, 5 ecuatorianos, 3 brasileños, 1 hombre de India y 12 personas que no fueron identificadas), de acuerdo con las autoridades, 5 de ellos formaban parte de un grupo que salió de Guatemala el 2 de agosto de ese año. Después de la masacre, el gobierno mexicano envió los restos de cinco personas a las familias de algunos desaparecidos del grupo.
Un año después, hubo una “segunda” Masacre de San Fernando, en la que 193 personas fueron sacadas de los buses en los que viajaban, asesinadas y enterradas en fosas comunes. Durante esta segunda Masacre de San Fernando se descubrió que la policía ayudó en tareas de vigilancia y en el secuestro de algunas víctimas.
Desde entonces, han ocurrido otras masacres en el estado, incluidos 21 miembros de un cartel que en 2019 fueron abaleados e incinerados en el municipio de Miguel Alemán.
Tamaulipas es territorio del Cártel del Golfo y del Cártel del Noreste, disidencia del otrora poderoso Los Zetas.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, aseguró en relación al último suceso que “no era un San Fernando, porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente. No habrá impunidad”.
La Fiscalía mencionó que para mayor transparencia y certidumbre se sumó personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob), que mantiene comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Guatemala en México.
Los testimonios recolectados por la agencia EFE señalaron que el viernes 22 de enero ingresó un comando de pistoleros del Cartel del Noreste (CDN) para buscar a un mando del grupo rival Cartel del Golfo (CDG), la organización criminal que controla la zona de Tamaulipas.
Tras un enfrentamiento los sicarios del CDN presuntamente buscaron al mando en toda la región y en una casa del poblado Santa Anita localizaron a 19 supuestos ciudadanos guatemaltecos, a quienes asesinaron en el lugar y después abandonaron en los límites con el estado vecino de Nuevo León.
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