
Durante el segundo año de gestión de la autonombrada Cuarta Transformación (4T), la corrupción se redujo en México. De acuerdo con con la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el país mejoró en dos puntos su calificación respecto al año 2019, por lo que pasó de 29 a 31 puntos, mismos que lo posicionan seis lugares arriba respecto al informe anterior, logrando superar el peldaño 130 para colocarse en el 124.
A pesar de este avance, México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ubicarse en la última posición de las 37 naciones que la integran.
“Aunque estos datos muestran una tendencia positiva para el país, México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014.”, indicó el documento oficial emitido por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.

Los primeros lugares del IPC fueron ocupados por Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 puntos cada uno; seguidos por Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con 85 puntos, todos empatados en la posición dos. Mientras que en los últimos lugares se ubican Yemen (15 puntos), Siria (14 puntos) y finalmente Sudán del Sur y Somalia, ambos con 12 puntos.
Varios son los temas que llamaron la atención para la evaluación del país en temas de corrupción. Por ejemplo, aquellos que cuentan con falta de sanciones a pesar de ser del conocimiento de la opinión pública luego de ser revelados por diferentes investigaciones periodísticas.
La institución Transparencia Nacional, informó en 2020 que durante el periodo entre 2016 y 2019, ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucraron a empresas y funcionarios mexicanos, fue sancionado en el país. “El riesgo de impunidad, tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, sigue latente”, sentenció.

Debido a la situación que atraviesa el país en materia de corrupción, se emitieron algunas recomendaciones para mejorar el IPC y continuar con la tendencia positiva que ha comenzado en este último años.
En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, se recomendó a México fortalecer las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente señalaron la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), misma que ha sido atacada por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante las últimas semanas.
Con especial atención, la ASF deberá fiscalizar el gasto público en tiempo real, haciendo énfasis en el gasto en salud, los programas sociales y de reactivación económica que se lleven a cabo en el territorio nacional.
Por su parte, el INAI debe concentrar sus esfuerzos en asegurar el principio de máxima publicidad en las acciones de salud pública, educación y reactivación económica vinculadas con los efectos de la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-Cov-2.

Finalmente, la Fiscalía General de la República (FGR) y las instituciones de impartición de justicia del país tienen que otorgar resultados concretos en los rubros de sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción.
Los resultados del IPC consideran los avances y retrocesos en el comportamiento de la corrupción de los 180 países, y fueron evaluados desde el mes de septiembre de 2018 y hasta el mes de octubre de 2020, fecha en que inició el procesamiento estadístico.
Se retomaron datos de 13 fuentes de información de 13 instituciones distintas que recopilaron las percepciones de empresarios y expertos en la materia de anticorrupción en los países evaluados.
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