La Secretaría de la Función Pública (SFP), dio a conocer este miércoles que destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer un cargo público a un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), por estar presuntamente involucrado con la llamada “Estafa Maestra”, un esquema de desvíos de recursos que se llevó a cabo durante el sexenio del ex presidente priista, Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Aunque la SFP no dio el nombre del sancionado en el comunicado que publicó en sus redes sociales, se trata de Luis Manuel Galván Arcos, quien llegó a Pemex en 1997 y hasta hace poco se desempeñaba como gerente de Operación y Control Financiero de Proyectos Industriales y Logística, dentro de la Dirección Corporativa de Finanzas de la compañía paraestatal.
Y es que, entre los ejercicios de 2013 a 2016, Galván Arcos “omitió reportar” en su declaración patrimonial dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge y que tenían 3,261,176.52 pesos.
Cabe mencionar que en dicho lapso de tiempo, el funcionario fue titular de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas; aunque al final de la administración pasada ocupó la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción.
La dependencia explicó que por esta “omisión” Galván Arcos infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos.
Además, indicó que la sanción es resultado de un cuidadoso procedimiento administrativo sancionador, iniciado por la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial.
No obstante, el funcionario tiene derecho a impugnar esta sanción ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En enero de 2019, el portal Animal Político publicó que Galván Arcos y otros dos funcionarios de Pemex firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos para realizar supuestos servicios que, en algunos casos, no se cumplieron porque terminaron en 17 empresas fantasmas o irregulares durante el sexenio pasado.
Tras ello y casualmente, estos funcionarios habían obtenido cargos más altos en la petrolera, por lo que fueron sujetos a investigación por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.
Sobre la sanción a Galván Arcos, Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, expresó que esta resolución deriva de las acciones emprendidas por la dependencia en cumplimiento a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con la Estafa Maestra.
Añadió que “la declaración patrimonial es un instrumento fundamental para la rendición de cuentas, en el marco del gobierno transparente impulsado por el presidente”.
Según la SFP, en los dos primeros años de la actual administración federal, se han substanciado 231 expedientes de responsabilidades vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, de los que 90 se han concluido y se han impuesto 43 inhabilitaciones y ocho destituciones.
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