Como parte del proceso de investigación contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, la administración local actual reveló que el ex militante del PRI dirigió la cantidad de 99 millones de pesos a una empresa de autopartes localizada en Hidalgo del Parral.
De acuerdo con un boletín, el gobierno de Javier Corral, actual gobernador de la entidad, los montos percibidos por la empresa fueron entregados como apoyos a fondo perdido por el gobierno de Chihuahua, por el de México y por otros clientes.
“Los recursos involucrados correspondían al Gobierno del Estado por la cantidad de 51 mdp, 48 mdp del Gobierno Federal y 40 mdp más de ingresos de otros clientes, según se desprende de las auditorías realizadas para combatir este caso, en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua”, señala el comunicado.
Lo cual abona en las investigaciones contra Duarte Jáquez, mismas que se siguen de oficio por los delitos de evasión, desvío de recursos en detrimento del erario de Chihuahua, uso de recursos de procedencia ilícita con fines electorales, corrupción y cohecho.
La Secretaría de Hacienda estatal, dependencia encargada de averiguar la procedencia del dinero y seguir su trayecto, indicó que el modelo presentado en este caso escapa de lo que comúnmente es el esquema tradicional de la corrupción, pues casi siempre es por venta de bienes o servicios a los que se les da un valor más alto de lo que realmente tienen para obtener un margen de ganancia y, de este modo, entregar recursos indebidos a funcionarios públicos. También existen los casos en los que se simulan por completo las operaciones y, entonces, los recursos asignados se desvían a cuentas de empresas fantasmas o se redirigen a numerosos beneficiarios.
“Este caso llamó la atención inmediatamente porque no había venta de productos, bienes o servicios, sino que se trataba de un apoyo a una empresa de Parral, una industria maquiladora de autopartes con recursos del Gobierno Federal, recurso estatal e incluso de ‘clientes’, a fondo perdido, es decir, sin la obligación de reintegrarlos”, abunda el contenido del boletín, también menciona que de la cuenta concentradora se realizaron retiros sin quedar claro quién era el beneficiario.
La importancia de este caso, de acuerdo con el gobierno de Corral Jurado, es que es un caso atípico de desvío de recursos, asimismo, insiste en que esta investigación, aunque sea por un monto menor, suma a los casos en contra del ex abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues en las diligencias del actual gobierno de Chihuahua se le da seguimiento al caso de la llamada Nómina Secreta de Duarte, la cual ha dejado ver que los vínculos de corrupción establecidos durante su gobierno transgredieron los partidos políticos, pues tanto militantes del PAN como de Morena se han visto señalados; y de la Operación Safiro, la cual es un entramado complejo que señala una serie de desvíos de recursos de distintas entidades de la república y de una alcaldía de la Ciudad de México para captar dinero dentro del PRI e impulsar la candidatura de Antonio Meade en 2018.
Respectivamente, el gobierno local y federal continúan a la espera de la extradición del ex priista, pues la defensa de Duarte Jáquez ha insistido en que la vida del ex servidor público corre riesgo en México; sin embargo, este criterio ya fue desechado por la jueza federal asignada al caso en Florida, Estados Unidos, por lo cual se perfila como inevitable la llegada del mexicano a Chihuahua para ser procesado con apego a derecho.
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