Las restricciones en la producción de bebidas alcohólicas y la ley seca abrieron la puerta al tráfico de bebidas adulteradas

La prohibición del consumo y producción de bebidas alcohólicas en varios países de América Latina durante la pandemia no ha hecho más que echar “más nafta al fuego” del comercio ilícito de esos productos, dijo en entrevista con Efe el especialista Esteban Giudici.

Giudici es asesor de política de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por sus siglas en inglés), organización que presentó un informe sobre el impacto de las restricciones en la producción de bebidas alcohólicas y “leyes secas” que impusieron países como México, Colombia y Panamá durante la pandemia de COVID-19.

“El objetivo era bueno y genuino, pero el tiro salió por la culata”, señaló. El documento de TRACIT da cuenta de que restringir o prohibir la venta de alcohol provocó la muerte de casi 200 personas en 52 municipios de 11 estados del país por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, ello como resultado de la expansión del mercado ilegal.

Antes de la pandemia, las bebidas ilícitas - adulteradas o de contrabando - ya ocupaban un espacio importante en los estantes de los mexicanos. Entre el 36 y el 38 % de los licores y whisky eran ilícitos, según un estudio del año 2018 de la empresa de investigación de mercados Euromonitor International.

Aun así, hacía décadas que no se registraba una ola de intoxicaciones mortales como las de ahora, advierte el especialista argentino, que ha trabajado para la Unesco en temas de derechos de propiedad.

México, principal exportador mundial de cerveza, prohibió la producción de bebidas alcohólicas durante la crisis sanitaria decretada desde finales de marzo hasta el 31 de mayo, en la que también se cerraron bares, discotecas y restaurantes, al considerar que era un sector no esencial.

Además, a partir de noviembre, cuando las cifras de contagios en la Ciudad de México comenzaron a incrementar, el gobierno capitalino impuso un programa de ley seca que cambia de alcaldías cada fin de semana. El objetivo es desincentivar las reuniones en casas particulares.

Para Giudici, las medidas restrictivas se han aplicado de manera diferente entre regiones de un mismo país, lo que genera “mucha confusión porque no se sabe qué está prohibido o no y durante cuánto tiempo”, combustible para el mercado ilícito.

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES SE ENQUISTAN

El documento pone de relieve que las leyes secas han incrementado el mercado ilegal y, de hecho, se han registrado más incautaciones de productos ilícitos en México, Panamá o Colombia, lo que ha permitido que el crimen organizado obtenga más fuentes de financiación. “En países como Guatemala, El Salvador y México son bandas policriminales y están muy bien organizadas, se financian entre otras por el alcohol y el tabaco ilícito. Si quitamos la cadenas legítimas estamos creando un nicho de mercado que los criminales explotan”, explicó Giudici.

Las restricciones y la “ley seca” impuestas por el coronavirus pueden lograr que las organizaciones criminales se “enquisten” y que seaa difícil reducir su influencia. “Se fortalecen, mejoran su logística. Son rápidas, y una vez que se enquistan, como ocurre en América Latina, ya están ahí”, dijo el experto.

TRACIT, que para su reporte entrevistó a legisladores, altos mandos de las fuerzas de seguridad y representantes empresariales del sector, propone incluso que las bebidas alcohólicas sean consideradas “productos esenciales”, ya que prohibir su venta no hace más que alimentar los comercios ilícitos.

“Tenemos buenas relaciones con los Gobiernos, estamos trabajando en ello y la respuesta es positiva”, señaló sobre la respuesta que ha merecido el informe en algunos países. Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París y de la que son miembros México y Colombia, ha acogido las recomendaciones y el miércoles hizo una presentación del reporte.

PÉRDIDAS FISCALES MILLONARIAS

Los daños del alcohol ilícito no afectan sólo a quienes lo consumen, sino que impacta en la recaudación de impuestos de cada país de la región. Euromonitor International registró una pérdida fiscal de 1.693 millones de dólares en 2018 en total en toda Latinoamérica y, particularmente, 362 millones menos en 2018 para México.

Con información de EFE

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