Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta un proceso penal en los Estados Unidos por el presunto apoyo que brindó durante sus funciones al Cártel de Sinaloa dirigido en aquel momento por Joaquín el “Chapo” Guzmán.
Desde 2019, año en el que fue detenido, se dio por iniciado el juicio por el que se determinaría su situación jurídica. Actualmente, ha comenzado a debatirse si los testigos que forman parte del proceso deben ser o no identificados.
Fiscales estadounidenses emitieron una carta al juez de Distrito de los Estados Unidos, Brian M. Cogan, solicitando que se aplazara la entrega de pruebas puesto que esto podría significar problemas de seguridad tanto para ellos como para sus familias.
Ante ello, el abogado del ex secretario, César Castro, también envió una misiva en la que pide que no se proteja a los testigos del caso con base en la Norma Federal de Procedimiento Penal 16, pues esta podrían vulnerar el derecho al debido proceso de García Luna.
Las acciones solicitadas por el gobierno, indicó, responden a lo sucedido en el caso del narcotraficante Joaquín el “Chapo” Guzmán. En aquella ocasión, la divulgación de este tipo de datos representaban un riesgo potencial para los testigos del caso. Sin embargo, recalcó que:
Aseguró también que el nivel de perjuicio que sufriría García Luna si se acepta la solicitud de no divulgación es mayor al que tuvo el propio capo sinaloense.
Por otro lado, destacó que las preocupaciones de seguridad entre el capo y el ex secretario no son compatibles al considerar ciertos detalles. “Esta comparar los cargos contra García Luna, que no incluyen un solo cargo de violencia con los contra Guzmán Loera, que alegaba que el señor Guzmán Loera y sus coconspiradores dirigieron y ordenaron ‘cientos de actos de violencia, incluidos asesinatos , agresiones, secuestros, asesinatos y actos de tortura’”.
Entre otras cosas señaló que a Guzmán Loera se le aplicaron dichas restricciones debido a que su organización habría amenazado y asesinado a testigos sospechosos de cooperar con los gobiernos de México y Estados Unidos durante su proceso.
“Estamos seguros de que las presentaciones de parte del gobierno aquí no incluirán alegaciones comparables ni ningún tipo de violencia o intimidación de testigos llevada a cabo o dirigida por el Sr. García Luna”, indicó.
Sobre todo, a diferencia de Guzmán Loera, dijo, el ex funcionario mexicano no debería contar con medidas administrativas especiales porque la divulgación demorada no tiene que ver con que las comunicaciones del imputado puedan derivar en la muerte o lesiones corporales de los testigos fuera de la cárcel como sucedió con el capo.
Señaló que hasta la fecha todas las comunicaciones del acusado han sido revisadas y se mantienen bajo vigilancia. “Ha sido un preso modelo y no ha incurrido en infracciones disciplinarias”, argumentó el defensor.
Por su parte, los fiscales aseguraron que la aplicación de esta orden no perjudicaría al demandado y detallaron que entre los materiales que brindaron los testigos como datos de prueba se encuentran Comunicaciones grabadas, registros de propiedad, públicos y financieros, fotografías, entre otros.
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