
La oposición parlamentaria criticó duramente este martes la ampliación de lo que llamaron la “militarización del país” bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debido a que no solamente profundiza las actividades de las fuerzas armadas en tareas civiles, sino que desgastará su imagen, advirtieron.
“Tanto las labores de seguridad pública como las de construcción y otras que les han sido asignadas, desvían a las instituciones castrenses de su objetivo primordial que es la seguridad de la nación”, alertó Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD (Partido de la Revolución Democrática) en la Cámara de Diputados.
“Profundizará aún más la militarización del país. Expone a las fuerzas armadas a un desgaste innecesario de frente a la multitud de tareas que ahora se encuentran desarrollando”, sostuvo la legisladora. AMLO, en campaña, había prometido regresar al Ejército a los cuarteles.

Y es que el mandatario mexicano anunció este domingo en Quintana Roo que tomó la decisión de iniciar la construcción del aeropuerto de Tulum a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, también apoyará la Secretaría de Marina.
Además, el mandatario dio a conocer que los aeropuertos Felipe Ángeles, de Palenque, Chetumal y Tulum, así como tres tramos del Tren Maya, lo administrará una empresa dependiente de las Fuerzas Armadas.
“Con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente, y que las utilidades de esta empresa se destinen a fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las fuerzas armadas”, añadió.
Esta es la última decisión de López Obrador en una serie de disposiciones para empoderar al Ejército y a la Marina mexicanos en tareas civiles. Primero decretó el apoyo de las fuerzas armadas en seguridad pública hasta 2024, validez que la Suprema Corte definirá en los próximos meses.

Además, envió una iniciativa al Congreso, que su partido (Morena) controla con amplias mayorías, para arrebatarle el control de los puertos del país, así como de la Marina Mercante, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para dársela a la Marina, que asumirá el control en los próximos seis meses.
López Obrador también le entregó la construcción y administración del Aeropuerto de Santa Lucía, uno de los grandes proyectos de su sexenio junto al Tren Maya. “El presidente ha confiado a las fuerzas castrenses más de 13 funciones adicionales a las que ya venían desempeñando en materia de seguridad pública”, recordó Juárez Piña.
Además, advirtió, “el presidente se desentiende de las obligaciones que tiene con las y los retirados del servicio activo al determinar que con estos recursos se pagarán las pensiones y jubilaciones”. “Esto implica que el retiro digno de quienes han dado su vida por la patria dependerá del éxito de un proyecto cuestionable y personalísimo del Ejecutivo”, completó.

“Esta determinación únicamente contribuye a debilitar a las instituciones civiles, debido a los recortes presupuestales y no genera certidumbre respecto a la operación de los recursos”, concluyó la diputada perredista.
Ya en agosto, tras la decisión de entregar a la Marina los puertos del país, el senador del opositor PAN (Partido Acción Nacional), Julen Rementería, advirtió en una entrevista con Infobae México que, con sus decisiones, López Obrador profundizaba la militarización del país.
“La principal explicación para el despliegue de las Fuerzas Armadas para su participación en cada vez más actividades responde a una deficiencia histórica de capacidades administrativas y de gobierno dentro de las estructuras burocráticas”, aseguró en aquel momento a este medio Leonardo Núñez González, analista político del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas).
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