Aproximadamente una de cada tres empresas en México fue víctima de algún delito durante el 2019: el 30.5% de las que operan en el país, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020 reveló que la cifra es menor a la del año 2018, cuando el 33.7% de las compañías registraron algún tipo de crimen.
De acuerdo con el informe del Instituto, en todo el 2019 ocurrieron 3.9 millones de delitos relacionados a 1.5 millones de las empresas que fueron víctimas.
Los crímenes con mayor incidencia fueron la extorsión y el robo o asalto de dinero, insumos, bienes, o mercancía. El Inegi señaló que, por segmento, las empresas del sector comercio fueron las más afectadas: 32.2% fueron víctimas de por lo menos un delito. Después, las de industria con 25.4%, y, por último, las de servicios, con 27.8 por ciento.
Durante el 2019, alrededor del 51.5% de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito; 56.4% de las medianas; 48.3% de las pequeñas, y 29.6% de las micro.
El costo promedio del delito por empresa en 2019 fue de 85,329 pesos. Mientras tanto, en el 2017 fue de 66,031 pesos.
En las compañías grandes, el costo promedio cambió de 1.9 a 1.5 millones de pesos entre el 2017 y el 2019. En las unidades económicas medianas pasó de 725,000 a 545,000 pesos, y en las pequeñas de 241,000 a 279,000 pesos.
La cifra negra de los crímenes ocurridos al sector privado durante el 2019 escaló a 92%: en esos delitos no se inició una carpeta de investigación y tampoco hubo una denuncia. La cantidad es más alta al 86.6% estimado en el año 2017.
Éste último tipo de cifra ha incrementado en las unidades económicas comerciales: pasó de 83.7 a 91% del 2017 al 2019. En las grandes también: pasó de 56.9 a 68.3 por ciento.
El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción. En el marco de esa efeméride, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó su comunicado anual de estadísticas vinculadas a la corrupción en México.
Destaca el porcentaje de víctimas de actos de este tipo que, entre 2013 y 2019 pasó de ser 13 por ciento a 16 por ciento de la población.
El instituto define corrupción como “el acto de abuso de poder público para beneficio personal. Sus manifestaciones incluyen soborno, apropiación o robo de bienes públicos, extorsión en procesos de contratos, licitaciones e impuestos”.
Los actos de corrupción a gran y pequeña escala obstaculizan el desarrollo humano, ya que desvían recursos públicos de la inversión social, agudizan la desigualdad y destruyen la confianza en las instituciones públicas.
En 2016, el gobierno expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es determinar los mecanismos de coordinación entre instituciones de todos los órdenes de gobierno para el combate a este conjunto de delitos administrativos.
A lo largo del país, distintas entidades han comenzado a configurar sus órganos del Sistema Anticorrupción como los Comités Coordinadores Estatales, los Consejos de Participación Ciudadana, las Fiscalías Anticorrupción, las Secretarías Técnicas, los Tribunales de Justicia Administrativa y los Planes Anticorrupción.
El Inegi califica el soborno como el principal indicador para medir la corrupción ya que implica la solicitud o recepción de dinero o dádivas a cambio de hacer algo “justo o injusto” relacionado con sus funciones.
La institución sólo detectó 7 estados donde la corrupción en 2019 fue menor que en 2013, en todos los demás aumentó. Destaca el caso de Durango donde pasó de 7.6 víctimas por cada 100 habitantes en 2013 a 25.4 en 2019.
En los distintos niveles de gobierno la incidencia de la corrupción también varía. Los gobiernos estatales son los más corruptos con 22.3 por ciento de víctimas en 2019, le siguen los gobiernos municipales con 15.6 por ciento y el gobierno federal con 2.1 por ciento.
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