Sí por México manifestó su agrado ante la resolución que obtuvieron una organización integrada por pueblos originarios de la Península de Yucatán ante la construcción de un tramo del Tren Maya.
La mañana de este martes 8 de noviembre, la organización dirigida por Gustavo de Hoyos y Claudio X. González manifestó su respaldo en redes sociales al escribir:
“La lucha jurídica es fundamental para exigir que nadie, ni siquiera el gobierno federal, ni el Tren Maya estén por encima de la ley. En Sí por México felicitamos a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil que actúan defendiendo sus derechos”, publicó.
En esta misma publicación, celebraron la división de poderes y respeto a la toma de decisiones por parte de ellos, pues el poder judicial fue quien deliberó en favor de las comunidades peninsulares.
“También celebramos la resolución imparcial del poder judicial que demuestra que en México las leyes se aplican a todos por igual”, abundó.
Esto porque el lunes 7 de diciembre, el juzgado primero de distrito con sede en Campeche concedió a un grupo de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo la suspensión de las obras del tramo 2 del Tren Maya.
Como efecto de la suspensión no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al megaproyecto, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche, hasta que se resuelva el amparo presentado.
El recurso mencionado fue interpuesto por más de 100 organizaciones ambientalistas e indigenistas, quienes señalaron que las obras relacionadas con la construcción del megaproyecto de la 4T van a causar deforestación, degradación de suelos y va a propiciar que se contamine el manto acuífero de la península de Yucatán, lo cual violenta los derechos de los pueblos originarios de la región.
El juicio sigue en pie; sin embargo, la victoria momentánea recae en que mientras se determina la validez jurídica de los argumentos presentados por las comunidades, todas las obras relacionadas con el Tren Maya se detendrán.
En este sentido, cabe recordar que por una ambigüedad jurídica, las obras de construcción del Tren Maya iniciaron sin Manifestación de Impacto Ambiental.
En junio de este año el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que, debido a que se trata de una obra de mantenimiento para rehabilitación y mejoramiento respecto a diversos tramos ferroviarios para la creación del Tren Maya, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó una exención de impacto ambiental a las obras que arrancaron en julio.
El fondo argumentó que la construcción original de las vías ocurrió antes de que entrara en vigor, en 1988 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), misma que regula las construcciones que puedan afectar el equilibrio de algún ecosistema. Para determinar el impacto, el Estado debe de aplicar una prueba llamada Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ésta es “un instrumento de la política ambiental que tiene el objetivo de prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana”.
Ante esto, los habitantes de la región promovieron un juicio en contra de la construcción del Tren Maya. Hasta el momento se logró la suspensión definitiva hasta que termine el juicio, lo cual podría poner en serios aprietos este proyecto.
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