En el marco conmemorativo del día internacional de las personas con discapacidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación ante la falta de políticas públicas para atender y proteger los derechos humanos de este demográfico en México.
A través de un comunicado fechado este jueves 3 de diciembre, el organismo descentralizado a cargo de Rosario Piedra Ibarra manifestó que esta condición se vio agudizada con la presencia del COVID-19 en la república.
Para reducir las brechas en el ejercicio de los derechos de este demográfico, la CNDH estimó que el gobierno mexicano debe de redoblar esfuerzos para que esto se materialice. Como aliciente, la comisión señaló que se debe de “democratizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación, a través de la accesibilidad, asequibilidad y el uso de dispositivos para facilitar su autonomía e independencia”.
Aunado a esto, enfatizó que a 12 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), el Estado mexicano “no ha emprendido acciones sólidas y decisivas para prevenir y abatir las barreras que limitan su participación y que se han acentuado en la presente situación”.
Este grupo vulnerable debe de ser monitoreado por el gobierno, en la medida de que esto coadyuve a la delimitación y atención de sus problemas.
“Los obstáculos físicos y culturales que enfrentan inciden negativamente en su autonomía e independencia, por lo que corresponde al Estado mexicano emprender acciones orientadas a que las personas con mayores requerimientos de apoyo tengan las mismas oportunidades, sobre todo en contextos adversos como los que hoy aquejan al país”, aseveró la comisión.
Al respecto, cabe recordar que este 1 de diciembre, durante su informe de gobierno con motivo del segundo aniversario de la toma de protesta como presidente, Andrés Manuel López Obrador recordó que las niñas y niños con discapacidad ya cuentan con una pensión económica.
“Ya es realidad la pensión universal para los adultos mayores, el apoyo a niñas y niños con discapacidad, la entrega de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos, programas que, por cierto, ya se elevaron a rango constitucional y están establecidos como derechos de observación obligatoria para quien esté en el gobierno”, pronunció AMLO al repasar algunos de sus apoyos sociales.
Cabe mencionar que de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no solo involucra la capacidad adquisitiva, pues también abarca aspectos como “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, igualdad de oportunidades, accesibilidad y respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”.
Esto quiere decir que si bien, el Estado mexicano hace bien en entregar recursos económicos a las personas con discapacidad, también debe de crear, promover e incentivar una serie de políticas que incidan en el entorno para que ellos puedan integrarse a la sociedad como cualquier otro ciudadano.
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