
Rosario Piedra Ibarra cumplió un año de gestión como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que difundió un videomensaje donde reconoció que estar al frente del organismo no ha sido fácil, pues se ha implicado romper “inercias y prácticas arraigadas, pero también falta de entendimiento y de compromiso de algunos con quienes iniciamos este empeño”.
Durante la presentación de su informe anual, la titular aseguró que hay tres preocupaciones que han destacado en su primer año de gestión en el cargo: el incremento de violencia hacia las mujeres, la atención a las familias de los desaparecidos y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Asimismo, indicó que luego de la toma de las instalaciones de la Comisión por colectivos feministas, el enemigo a vencer no es ella ni el organismo, ya que desde que asumió el cargo abrió las puertas de la CNDH.
“Nosotros no somos el enemigo a vencer, somos aliados de todas y todos aquellos que buscan la justicia y la verdad (...) es mil veces preferible correr el riesgo de que pasen cosas como estas, la toma de instalaciones, que regresar a las instituciones de fachada, que aparentemente “servían al pueblo, pero que siempre permanecieron cerradas al pueblo”, resaltó.

No obstante, la titular también reconoció que han existido omisiones y descuido en la atención a las demandas de las víctimas de violencia de género, que aseguró, se rectificarán.
“Desde luego también hubo una parte de descuido y omisiones frente a las demandas de las víctimas, y por lo que toca a nosotros, lo asumimos como una oportunidad de hacer rectificaciones y mejorar nuestro trabajo. Lo que sí quiero decir es que a todas las víctimas cuyas demandas motivaron la toma de nuestras instalaciones, se les ha atendido, y se les sigue acompañando”, señaló.
Por lo anterior, anunció el replanteamiento del Programa de Atención a Víctimas, con especial énfasis en la atención a la violencia de la mujer, donde el objetivo es que las instalaciones de la CNDH, ubicadas en el Centro Histórico de la capital, se conviertan en un centro donde convivan los esfuerzos institucionales, en conjunto con organizaciones y colectivos.
“He querido que la Comisión sea la casa de las víctimas y que sus funcionarios principales sean su voz y sus manos (...) por eso hemos corregido lo que tuvimos que corregir y hemos cuidado escrupulosamente el presupuesto, hemos hecho ajustes diversos en el gasto e iniciamos un redimensionamiento de la estructura de la Comisión para ser más eficaces y menos costosos para el pueblo”, comentó.

Respecto al caso de los 43 normalistas, recordó que desapareció la Oficina Especial del Caso Iguala, debido a deficiencias en el seguimiento de quejas y por demanda de los padres y de las madres de los estudiantes.
Admitió que hasta el 1 de septiembre “prácticamente no se había logrado avanzar”, pero a partir de esa fecha, se retomaron los trabajos de digitalización del expediente de queja del caso para fines de sistematización, transparencia y protección de datos personales, los cuales se dejaron de trabajar en febrero de 2020.
“No ha sido fácil porque removemos vicios e intereses, pero caminamos firmemente hacia un nuevo modelo de protección y defensa de los derechos humanos que redundará sin duda en una mejor atención a las y los ciudadanos”, puntualizó.
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