Ovidio Guzmán: por qué es de los hijos más buscados del Chapo por el gobierno de EEUU

Fue el 8 de mayo del 2012 cuando la Oficina de Control de Activos estadounidense (OFAC por sus siglas en inglés) incluyó a Ovidio Guzmán López entre la la lista de personas con las cuáles no se debían realizar negocios, envíos de dinero o identificación de sus operaciones financieras, pues en este caso se trataba del hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fundador y cabecilla del poderoso Cártel de Sinaloa.

A sus 22 años de entonces, el Ratón, como es apodado, ya era reconocido miembro dentro de la organización delictiva que dirigía su padre, prófugo de la justicia tras su primera fuga en 2001.

La OFAC también designó en la lista a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, actual heredero de una parte del imperio que forjó el Chapo con el principal cabecilla de la organización, Ismael el Mayo Zambada. Sobre Ovidio solo se detalló que jugaba un papel importante en las actividades del narcotráfico.

“La OFAC apuntará agresivamente a aquellas personas que faciliten las operaciones de tráfico de drogas del Chapo Guzmán, incluidos los miembros de la familia”, dijo en aquella fecha el director de la OFAC, Adam J. Szubin.

Durante la audiencia del Chapo (en el juicio que lo llevó a cadena perpetua) en Brooklyn, Nueva York, Ovidio Guzmán López fue mencionado como uno de los estrategas que planearon la fuga del cabecilla del Cártel de Sinaloa, cuando se fugó del penal de El Altiplano en el Estado de México en julio de 2015.

Durante las audiencias del juicio contra “El Chapo”, en Brooklyn, Estados Unidos, Ovidio Guzmán fue mencionado como uno de los estrategas del plan para preparar la segunda fuga de su padre del penal de El Altiplano, Estado de México, ocurrida en julio de 2015.

Aquel escape por un túnel fue operado por el Ratón y su hermano, Joaquín Guzmán López. De ahí que el gobierno estadounidense se propondría actuar judicialmente con los hijos del capo. Hasta ese momento, Ovidio mantenía un bajo perfil, a diferencia de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, vástagos del primer matrimonio del Chapo con María Alejandrina Salazar Hernández.

El 21 de febrero de 2019, el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia y el Agente Especial, Scott Brown, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (HSI) de Arizona, presentaron una acusación contra Ovidio y su hermano Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, por delitos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana para exportar a Estados Unidos.

“Desde aproximadamente abril de 2008” y en “México, Estados Unidos y otros países”, dice la acusación, de cuatro páginas, los acusados “intencionadamente, a sabiendas y obstinadamente” conspiraron para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 500 gramos o más de metanfetamina y 1,000 kilogramos o más de marihuana. El caso está asignado al juez Rudolph Contreras del distrito de Columbia, en Washington DC.

Aunque pasaron ocho meses para que las autoridades mexicanas dieran con Ovidio, en un operativo plagado de errores y por la violenta reacción del Cártel de Sinaloa, el hijo del Chapo fue dejado en libertad. Aquel jueves 17 de octubre marcó la historia de Culiacán y de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno se replegó. En la población permeó el sentimiento de que en Sinaloa, los narcotraficantes y no las fuerzas del estado eran las que mandaban. López Obrador argumentó que dejó en libertad al Ratón porque, en sus estrategias de presión, los miembros de la delincuencia sitiaron la ciudad, atentaron contra civiles, quemaron vehículos, bloquearon carreteras, liberaron a presos, asaltaron comercios, secuestraron a militares y, especialmente, amenazaron con atentar contras las familias de los castrenses.

Se salvaron vidas de inocentes, se justificó AMLO. El saldo oficial de aquel jueves negro fue de ocho muertos (un miembro de la Guardia Nacional entre ellos), aunque la Fiscalía local reportó 13 víctimas fatales. En el operativo hubo un detalle que retrasó la extracción de Ovidio: que un juez librara una orden de aprehensión. Los 200 sicarios del Cártel de Sinaloa se desplegaron por la ciudad para causar el caos, el miedo. Culiacanazo fue la identificación de aquel día fatídico.

A un año de ese evento, las autoridades mexicanas reconocen que no tienen orden de aprehensión contra el Ratón, salvo aquella orden con fines de extradición que los agentes buscaban cumplimentar el 17 de octubre del año pasado en la colonia Tres Ríos. Libre a sus 30, Ovidio seguiría en los mismos pasos que sus hermanos para el tráfico de drogas hacia EEUU.

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