Desconociendo las consecuencias de todo lo que podría derivar, comisariados ejidales de Campeche denunciaron que fueron presuntamente presionados a firmar el contrato de una empresa que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) envió para las gestiones de los derechos de vía para el Tren Maya.
El resultado de haber firmado el documento sin haber visto un avalúo, negociado el precio, conocer la afectación que tendrían al ceder sus tierras, sin tener asesoría legal y el acompañamiento de la Procuraduría Agraria es un pago inferior al que esperaban y que dicen, no coincide con lo que deberían recibir.
De acuerdo a Animal Político, el pasado 12 de mayo de este año, José García Góngora, presidente del comisariado del ejido Cinco de Febrero, en el municipio de Champotón en Campeche, junto con Manuel González Juárez y Fermín Gómez Feliciano acudió, secretario y tesorero del ejido, acudieron a la sede del gobierno federal de la entidad para cobrar un cheque que supuestamente debía corresponder a los derechos de vía que se les debía.
Sorpresa fue que el cheque recibido en el palacio federal por 2 millones 283 mil pesos, como pago de 26 hectáreas, que creyeron era el pago por derechos de vía que no habían recibido anteriormente como compensación por el paso sobre sus tierras del Ferrocarril del Suroeste, que ahora será el tramo 2 del tren Maya, en realidad fue la indemnización por la ocupación previa de sus tierras mientras se concreta el proceso de expropiación.
Dicho pago estaba declarado en el documento en el que presuntamente fueron presionados a firmar por la empresa de Fonatur.
“No nos dejaron leer el contrato con calma. Nos dijeron aquí está el cheque, fírmele y después les vamos a dar las copias. Nos las dieron meses después, a finales de agosto, y ya fue ahí cuando supimos que firmamos un contrato de ocupación previa con miras a la expropiación y que aunque nosotros esperábamos dos pagos, uno por los derechos de vía ya existentes y otro de indemnización por la nueva ocupación y las afectaciones, no nos iban a dar más que esa cantidad”, dijo el comisario de Cinco de Febrero para Animal Político.
De tal modo, solo recibieron un pago y no dos como esperaban. El primer cobro debía ser por derecho de vía, el cual se hace como compensación por el paso de una vía de transporte por sus tierras; por otro lado la ocupación previa es la compensación por el uso de terrenos mientras se concluye la expropiación, la cual finaliza al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Respecto al caso, Fonatur señaló que el proceso de liberación de derecho de vía se mantiene en la zona de Champotón sin cambios.
“Existen diversas tensiones debido al esclarecimiento del trazo definitivo y los procesos anexos de indemnización por uso de vía.
Este proceso es complejo y requiere de diversas etapas de negociación con la población impactada por la rectificación de la vía y las empresas constructoras. Fonatur está vigilante de la situación y ruega a la población local paciencia. Todos los procesos serán hechos en estricto apego a la ley y con el beneficio último de la población local”, refirió.
Además de que señalan no haber podido leer con calma el documento, dicen que no hubo un acuerdo para establecer el precio que les pagaron por metro cuadrado previo a la expropiación.
“Con la cantidad del cheque hicimos la división por hectárea y por metro cuadrado y nos da que nos los pagaron a 8.60 el metro, eso no es lo que pidió la asamblea”, denunció García Góngora.
El Tren Maya es una de las obras más importantes para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y a pesar de las problemáticas relacionadas con amparos en contra de su construcción o licitaciones desiertas, Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, refrendó el compromiso de que el proyecto se entregue en 2023 e inicie a operar en 2024.
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