Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que hay órdenes de captura vigentes contra miembros de la Policía Federal y del Ejército por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, caso que cumple seis años este 26 de septiembre.
“Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”, expresó el mandatario en un acto en Palacio Nacional con familiares de las víctimas.
El mandatario recordó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), “se decía que si estaba involucrado el Ejército, se tenía que proteger a la institución para que no se viera afectada”.
“Yo sostenía lo contrario: si se aclaraba que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables y eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, las fortalecía”, expresó el presidente.
Al participar en el acto de este sábado, el nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, relató que la actual administración ha girado 70 órdenes de captura contra policías municipales y federales, elementos del Ejército, funcionarios de la Procuraduría y miembros del crimen organizado.
“Es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la policía federal, deberá recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policíacos en la desaparición”, explicó.
Dijo que se está buscando la captura del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón -quien presuntamente se encuentra en Israel-, acusado de torturar a presuntos implicados para construir la “verdad histórica”.
Omar Trejo detalló que ya están detenidos por los mismos hechos Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial, y Blanca Castillo, Ministerio Público.
Por su parte, el subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dirige la Comisión para la Verdad, presentó un informe de los avances de la investigación.
Subrayó que “la verdad histórica se ha colapsado” después de que se identificaron restos de uno de los estudiantes lejos del basurero donde se suponía que los habían matado y que un análisis de las llamadas de esa noche concluyó que los jóvenes “nunca estuvieron juntos”.
“No generaremos falsas expectativas, ni una nueva verdad histórica, lo que queremos es conocer la verdad por dolorosa que sea”, prometió a los familiares.
Según la polémica versión del gobierno de Peña Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y luego tiró los restos en un río.
Este relato, conocido como la “verdad histórica”, ha sido cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Al asumir el poder López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía que reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que crearon un falso relato de los hechos mediante torturas a los presuntos implicados.
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