Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, acusó que el robo de aguas al río Conchos es posible por una estructura corrupta que permanece en la Comisión Nacional del Agua (Conagua); y que el conflicto con las presas se debe a una mala administración en la dependencia.
Luego de encabezar una ceremonia por los festejos patrios, el funcionario fue abordado por medios de comunicación, quienes cuestionaron su actuar ante presuntos beneficios patrimoniales del agua, así como intereses en la extracción del recurso en un conflicto que ha escalado en la muerte de una persona.
“Nosotros lo que hemos solicitado una y otra vez a la Conagua, es que tomen cartas en el asunto, ellos tienen la información, tienen los nombres, y las superficies extendidas para el riego que se aprovecha de manera irregular de las aguas del río Conchos. Yo creo que la Conagua tiene todo para actuar, pero no ha actuado, porque mantiene en su estructura actual a varios de los responsables de todo ese proceso de corrupción que ha terminado por robarse el agua”, aseveró Corral Jurado.

Agregó que la problemática de las presas, correspondientes al pago que debe hacerse a Estados Unidos por regulación de aguas internacionales, se ha visto agudizada por una mala gestión en la dependencia federal.
“El mismo problema que tenemos en este momento en el tema del pago del tratado, se debe a una mala administración de las presas, tanto nacionales como internacionales, y cuyos responsables siguen ahí, en la Conagua. Entonces no se puede realmente poner orden y hacer una buena administración si los responsables del desorden siguen y permanecen en la Conagua”, enfatizó.
Al respecto, la Conagua emitió un nuevo comunicado, en el cual afirmó que las cosechas en la entidad están aseguradas por la oportuna entrega del recurso hídrico. Incluidas las actividades agrícolas dependientes del río Conchos, afluente del río Bravo; todo lo anterior, pese a las sequías.

“A diferencia de la agricultura de temporal –que depende sólo de las lluvias– la agricultura de riego que se practica en Chihuahua requiere del suministro total o complementario con agua de presas para satisfacer las necesidades de los cultivos a través de métodos artificiales de riego, lo cual en ningún momento ha sido comprometido por las maniobras que se realizan para contribuir al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944”, explicó la institución encabezada por Blanca Jiménez Cisneros.
Conagua aseguró que el recurso para riego, proveniente de las presas El Granero y Las Vírgenes, ya se entregó al 100%, pero faltaba un 9.5% de aquello correspondiente de La Boquilla.
Durante su discurso, Javier Corral dijo que Chihuahua se ha caracterizado por defender sus recursos. Recalcó que la sociedad chihuahuense hace frente a las problemáticas con dignidad, valentía y solidaridad.
“Hemos dado lecciones cívicas en la lucha por nuestras causas, por nuestros recursos, por nuestro territorio y por tener un gobierno que en verdad nos represente, todo ello habla de valentía, pero también del tesón que caracteriza a nuestra gente”, dijo junto al Parque Abraham González, donde se ubicó el Panteón San Felipe, pues ahí fueron depositados los restos de Juan de Aldama, Ignacio Allende y otros insurgentes en 1811 tras ser fusilados en Coahuila.

Sobre las indagatorias en el ataque a la pareja de los productores agrícolas Jessica Silva y su esposo Jaime Torres, el gobernador confió en la Fiscalía estatal y aseguró que no habrá impunidad ante el presunto abuso por parte de agentes adscritos a la Guardia Nacional, identificados como responsables.
El pasado martes 8 de septiembre, campesinos y agricultores tomaron la presa La Boquilla, luego de un enfrentamiento con la Guardia Nacional, quienes se replegaron al verse rebasados. Alrededor de las 22:30 horas de esa jornada se registró un ataque armado contra la pareja de productores cuando iban a sus casas, en la Derivadora Andrew Weiss, Delicias.
Jessica Silva murió y su esposo resultó gravemente herido, por lo que aún se recupera. Los actos habrían sido en represalia a protestas, pero las fuerzas federales reportaron que respondieron a una agresión de civiles armados. Actualmente se indaga la responsabilidad de 17 agentes.

El gobierno federal ha acusado que en las protestas, motivadas por un presunto desabasto de agua para cumplir el tratado con EEUU, hay intereses políticos. Según la administración lopezobradorista, grupos beligerantes promueven la ocupación de instalaciones estratégicas, afectando a pobladores y hacen un uso patrimonialista del reclamo legítimo para contar con el recurso.
Como promotores, se han identificado a los ex gobernadores, José Reyes Baeza y Fernando Baeza Terrazas; así como al priista José Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos; al morenista José Francisco Ramírez Licón, alcalde de Rosales; y Salvador Alcantar, líder de la Asociacion de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech).
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