Entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre, el sitio Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó dos reportajes, con firma de Raúl Olmos, que detallan los vínculos entre la empresa del Estado, Liconsa, el proveedor privado Grupo Vicente Suárez y el partido Movimiento Ciudadano. La paraestatal, encargada de distribuir leche de calidad a la población, asignó dos contratos millonarios a la empresa que, hasta antes de la toma de posesión del presidente López Obrador, era una constructora y no estaba relacionada con el sector agrario.
Los convenios, firmados en diciembre de 2019, determinan que la empresa Vicente Suárez, mediante dos plantas procesadoras, programadas para empezar operaciones en septiembre de 2021, surta a Liconsa 800 mil litros de leche al día durante cinco años. La inversión de la paraestatal es de 403 millones de pesos al año por planta, es decir, 806 mdp anuales para la empresa y 4 mmdp a lo largo del contrato. El contrato permite que mientras no opere, GVS puede surtir leche a Liconsa con subcontratos a productores que sí tienen la infraestructura necesaria.
El dueño de la empresa es Alejandro Puente Córdoba. En 2012 fungió como titular del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. Desde ese puesto contrató, a nombre de la PGR, los servicios de un avión privado del cual él era dueño. Además, su empresa aeronáutica, Grupo AFA, aportó 3 millones de pesos para pagar la casa de 8.7 millones de la entonces Oficial Mayor de la PGR, Guillermina Muñoz Soto.
El empresario también es dueño de Canal Capital y de Latin-American Broadcasting Industries, empresas de medios vinculadas con investigaciones de irregularidades electorales en 2012 y de actos de corrupción a miembros de Acción Nacional en 2013. Puente Córdoba, junto con su segundo de confianza, abogado y apoderado legal, Alejandro Armenta Peralta, modificó la razón social de su empresa GVS en septiembre de 2018 para que además de la construcción, pudiera dedicarse a las actividades agropecuarias. Un año y dos meses después, Liconsa le otorgó los contratos de 806 millones anuales.
Los funcionarios de Liconsa que firmaron el contrato son Manuel Lozano Jiménez, director de Comercialización de la paraestatal, y René Gavira Segreste, director de Finanzas cesado en 2019. Lozano Jiménez no tiene experiencia en negocios agrícolas, pero tiene un hijo en el área de comunicación de la misma institución y una hija en una diputación por el partido Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano Mac Donald.
El director de Liconsa, Ignacio Ovalle, ex funcionario de Luis Echeverría y Carlos Salinas, es uno de los nombres vinculados con la distribución de leche contaminada en las tiendas de Conasupo durante esos sexenios, y también está vinculado con el MC. Fue director de la Fundación México con Valores, un organismo adherente al partido naranja. En 2018, Andrés Manuel López Obrador seleccionó personalmente a Ovalle para dirigir el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) al cual pertenece Liconsa.
Además de Ovalle y la diputada Lozano Mac Donald, el emecé tiene a Lucía Alejandra Puente García, suplente de la diputada Martha Tagle e hija de Alejandro Puente Córdoba, el dueño de Grupo Vicente Suárez. Él mismo fue candidato plurinominal por el mismo partido en 2012.
Las actividades que los convenios encargan a la empresa Vicente Suárez son los “procesos de descremado, incorporación de grasas vegetales, vitaminas A y D3 y secado mediante la deshidratación de leche proporcionada por Liconsa”, así como su empaquetado. El secado de leche es el proceso de evaporación y atomización mediante el cual las productoras transforman la leche líquida en polvo. GVS lleva un año cumpliendo con estas obligaciones contractuales mediante la subcontratación a la que le autoriza el convenio porque los contrataron aun sin tener una planta propia en operaciones.
Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/ignacio-ovalle-alejandro-puente-liconsa-movimiento-ciudadano/
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