Las presidencias de las asambleas representativas son los órganos de dirección parlamentaria cuya función central es garantizar que la deliberación política, el debate parlamentario y la adopción de decisiones legislativas, se realicen apegados a las normas constitucionales e internas, que se respete el derecho de las minorías a participar en los procesos decisorios y el de las mayorías para legislar y evitar el conflicto.
De acuerdo con la teoría política y la praxis, esa debiera ser la función de las mesas directivas de las legislaturas, mientras que su presidente debe restringir su responsabilidad a la supervisión y sanción imparcial de los procedimientos internos.
De acuerdo con el politólogo Khemvirg Puente, la denominación portavoz para quien preside un Parlamento no es casual, pues define que su capacidad de intervención en los debates es restringida y se debe limitar a interpretar el interés de la totalidad de los integrantes del pleno.
En México, la elección del presidente guarda relación con la pertenencia al grupo mayoritario y no necesariamente a su neutralidad política.
Una Mesa Directiva que no actúa con imparcialidad en la aplicación de las normas internas y emplea el cargo para beneficiar a su partido político propicia el conflicto, genera ingobernabilidad al interior de la legislatura y provoca desconfianza e inestabilidad en los procesos decisorios.
La Ley Orgánica del Congreso Mexicano señala que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados debe contar con “una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas”. También dice que éste expresa la unidad, por ello, debe ser electo por las dos terceras partes de sus miembros.
En la Ley también se establece que la principal función de la Mesa Directiva es conducir las sesiones, asegurar “el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno” y “garantizar que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley”.
Sin embargo, si la labor principal de la Mesa Directiva y de su presidente son tan reducidas y se circunscribe a conducir los debates, ¿qué es lo que realmente se disputan los partidos políticos con la Mesa Directiva?
Los recursos y atribuciones que el diseño institucional ha heredado al presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, no sólo son los millones de pesos que se ejercen con discrecionalidad desde la Mesa Directiva, sino también la capacidad para influir en las decisiones de la Cámara a través de la interpretación de las imprecisas reglas de debate y procedimientos legislativos.
Ante el vacío normativo de esos procedimientos, queda en manos del presidente de la Mesa Directiva, la atribución de “determinar las formas que puedan adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios”.
Esta atribución es ejercida a plenitud y claramente visible durante los debates para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde la interpretación de un procedimiento puede impedir con relativa facilidad, la participación de las minorías en el debate presupuestal.
El presidente de la Mesa Directiva es entonces un actor con capacidad de veto de las decisiones tomadas en comisiones o incluso en el Pleno, ya que cuenta con la facultad reglamentaria de “determinar qué asuntos deben ponerse a discusión, prefiriendo los de utilidad general”.
Por supuesto que la interpretación de lo que es “utilidad general” está sujeto a su criterio y éste es regularmente determinado por su partido político.
La disputa de los partidos por la presidencia de la Cámara de Diputados es un ejemplo más de los intereses de los legisladores en el ejercicio de la representación política. Recursos y posicionamiento político a unos meses de las elecciones.
En su listado de prioridades está, antes que nada, controlar los recursos económicos, procedimientos y agenda legislativa, mientras que el resto de los asuntos prioritarios para el país, tendrá que esperar a que se pongan de acuerdo.
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