El infierno de Coatzacoalcos: sin justicia a un año de la masacre en el bar Caballo Blanco

Decenas de familias, víctimas del ataque perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecen en el limbo y siguen sin respuestas frente a la justicia

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Familiares acuden al Servicio Médico Forense para identificar los cuerpos de las 32 personas asesinadas en un ataque al bar conocido como El Caballo Blanco. (Foto: Cuartoscuro)
Familiares acuden al Servicio Médico Forense para identificar los cuerpos de las 32 personas asesinadas en un ataque al bar conocido como El Caballo Blanco. (Foto: Cuartoscuro)

Este jueves se cumple un año desde que un comando armado incendió el bar El Caballo Blanco, en la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz (al sureste de México). La masacre dejó al menos 32 personas muertas.

Las primeras noticias comenzaron a salir pasadas las diez de la noche. Los agresores irrumpieron en el local nocturno, abrieron fuego contra los asistentes y después lo hicieron arder. Algunos testigos afirmaron que con cócteles molotov, otros que vieron granadas y gasolina, todos escucharon el estruendo de las explosiones.

Antes de que empezara el incendio, los atacantes bloquearon las puertas de salida para que nadie pudiera escapar. Pocos sobrevivieron. Los últimos cuerpos fueron rescatados sobre las seis de la mañana. Varios cordones policiales desperdigados custodiaron la escena del crimen 24 horas más tarde.

El principal sospechoso fue identificado como Ricardo Romero, alias la “Loca” y señalado como jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación que se disputa la plaza con Los Zetas. Tras el señalamiento contra la “Loca” como supuesto autor material, comenzó un nuevo capitulo de una larga pelea entre las autoridades locales por el desbordamiento de la violencia en la entidad y por una tragedia que, se insinuaba, pudo haberse evitado encerrando al operador del CJNG, que fue capturado dos veces antes de la masacre.

El 28 de agosto de 2019 fue atacado el bar El Caballo Blanco (Foto: Cuartoscuro)
El 28 de agosto de 2019 fue atacado el bar El Caballo Blanco (Foto: Cuartoscuro)

Un año después, este suceso no ha traído justicia. Ni las víctimas la han obtenido, ni los responsables han sido juzgados en estos 12 meses.

Al menos 15 menores huérfanos siguen esperando una beca para seguir estudiando. Las familias claman justicia y los abuelos batallan por la custodia de los nietos. La investigación está estancada.

Los allegados de las víctimas exigen una audiencia con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y que les den avances del caso, ya que la Fiscalía Especializada en Investigación de Actos de Terrorismo, que coadyuvaba en el mismo, se retiró sin explicación.

Uno de los presuntos involucrados en el ataque al bar era menor de edad, y permanece bajo custodia del DIF. Dos de los que derramaron combustible para incendiar lugar, fallecieron en él. Aunque fueron capturados algunos presuntos autores materiales e intelectuales, la mayoría de los deudos sienten que no se ha hecho justicia.

Un año después, este suceso no ha traído justicia. Ni las víctimas la han obtenido, ni los responsables han sido juzgados en estos 12 meses. (Foto: Cuartoscuro)
Un año después, este suceso no ha traído justicia. Ni las víctimas la han obtenido, ni los responsables han sido juzgados en estos 12 meses. (Foto: Cuartoscuro)

En Veracruz, el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputa con gran intensidad desde hace unos meses el control del narcomenudeo con Los Zetas. Las últimas cifras han apuntado que en los primeros siete meses unas 1,247 personas han sido asesinadas, un promedio de seis homicidios al día. En este contexto las amenazas y los incendios intencionados se han vuelto habituales como un método de extorsión a los locales nocturnos. El ataque contra El Caballo Blanco no ha sido un caso aislado. La tienda Bama fue incendiada el 29 de mayo de 2019. El bar La Catrina fue atacado el 16 de julio de ese mismo año, y una mujer sufrió quemaduras por disparos. Dos días después se prendió fuego a una concesionaria automotriz y a una tienda de cocinas. En casi todos los casos, los dueños se negaron a ser extorsionados, a pagar el llamado derecho de piso.

La historia reciente de la entidad se completa con el drama de las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas, un gobernador tras las rejas por corrupción y la pugna por el tráfico de drogas.

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