Un comando de élite de 120 efectivos de diversos cuerpos militares y policiales se movilizaron este miércoles para identificar y detener a los autores de la masacre que dejó 28 muertos y 11 heridos en Veracruz.
Los efectivos de la Secretaría de Marina, Ejército, Guardia Nacional y secretaría de Seguridad Pública estatal se desplegaron en el puerto de Coatzacoalcos, donde en la noche del martes se produjo el ataque con armas de fuego en el interior de un local para adultos.
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Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal aseguraron que se trata de un grupo especial altamente capacitado en operaciones especiales para la búsqueda y localización de criminales de alto riesgo.
Además de las tareas de inteligencia que realizarán en el puerto de carga y petrolero de Coatzacoalcos, en el oriental estado de Veracruz, llevarán a cabo misiones de vigilancia y retenes para garantizar la seguridad y buscar la captura de los responsables.
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Desde el pasado mes de abril han sido movilizados en Veracruz 1.059 efectivos de la Guardia Nacional para combatir la violencia de los grupos criminales y de narcotráfico que se disputan el control del estado.
La movilización de la Guardia Nacional en Veracruz se produjo tras la matanza de 13 personas, entre ellos un bebé de un año, en un salón de fiestas del municipio petrolero de Minatitlán, zona cerca a Coatzacoalos, donde se produjo la última masacre.
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Según los servicios de inteligencia de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, los cárteles de los Zetas, Jalisco Nueva Generación y del Golfo están enfrentados por el control territorial en la distribución de drogas y otras actividades criminales.
Los grupos criminales se disputan las rutas de transporte de drogas y del paso de migrantes, el cobro de derecho de piso (extorsión a negocios) y la industria del secuestro en una región de alta producción agropecuaria, petrolera y con uno de los puertos de carga más importantes del país.
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La región sur de Veracruz, que incluye los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Las Choapas, entre otros, constituye uno de los principales focos de violencia relacionada con el crimen organizado.
La gestión de los tres gobiernos estatales de Veracruz de los últimos 15 años, el de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Miguel Ángel Yunes Linares (2017-2018) del PAN, tuvieron como principal promesa bajar los índices delictivos.
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Con su llegada al poder en diciembre de 2018, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, del Partido Morena, prometió disminuir en un periodo de dos años los altos niveles de violencia.
García Jiménez prometió este miércoles que no quedará impune el crimen de 28 personas muertas en un bar nocturno atacado con armas de fuego y con bombas "molotov".
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En su cuenta de Twitter, el gobernador afirmó: "Así como en Minatitlán dimos con los responsables, el artero crimen de hace unos momentos en Coatzacoalcos no quedará impune. En Veracruz no se toleran ya a los grupos delictivos".
El bar nocturno "El caballo blanco" fue atacado primero con ráfagas de metralletas por individuos que dispararon de forma indiscriminada para después lanzar bombas molotov.
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"El caballo blanco" es un popular bar nocturno situado en la localidad de Coatzacoalcos y ubicado en la calle Román Martín, en la colonia Palma Sola, y a la hora de la masacre estaba repleto de clientes.
"La Loca" fue responsabilizado como presunto autor de la masacre
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Ricardo N., alias "La Loca", fue identificado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, como uno de los presuntos responsables del ataque a un bar de Coatzacoalcos.
El presunto criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación habría sido capturado en un par de ocasiones. García Jiménez se entrampó en dimes y diretes con el Fiscal del Estado Jorge Winckler responsabilizándose de haberlo dejado libre después de ser detenido en varias ocasiones.
En un video que circula en las redes sociales y que la fiscalía estatal ha reconocido, "La Loca" se desmarcó de las acusaciones y dijo ser un "chivo expiatorio" de las autoridades.
Con información de EFE
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