Ocurrió una tarde soleada de jueves, hace 11 años, aunque para los familiares de las víctimas el tiempo se haya convertido en una medida obsoleta. El 25 de agosto de 2011, en el suroeste de la ciudad de Monterrey, una de las más grandes de México, un grupo armado sometió a quienes se encontraban al interior de un casino y, tras prenderle fuego a la propiedad, provocaron la muerte de 52 personas.
El hecho recibió los calificativos más poderosos, como masacre o atentado terrorista, y México, sumido en una cruzada contra las organizaciones criminales, volvió a ser el foco de atención del mundo. Las imágenes del llamado “Casino Royale” en llamas, el humo y las víctimas del hecho fueron la portada de todos los diarios y conmocionaron a un país que venía acostumbrándose a este tipo de situaciones violentas e inescapables.
Los señalados por el atentado fueron Los Zetas, el grupo armado formado por ex integrantes de las fuerzas especiales del Ejército mexicano y de la policía federal, con soldados desertores de los dos cuerpos de seguridad, que en ese entonces era considerado como uno de los más sanguinarios del país.
El país acumulaba ya varios años sumido en la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, lanzada por el presidente Felipe Calderón tras asumir el poder en 2006. Esta estrategia comenzó con el aumento de la violencia y la inseguridad en el país que ni Enrique Peña Nieto ni Andrés Manuel López Obrador, sus sucesores, han podido frenar.
Al Casino Royale llegaron varios de los protagonistas del atentado en diversos carros. Ubicada sobre la Avenida San Jerónimo, una arteria importante al suroeste de Monterrey, la capital de Nuevo León, en el noreste del país, el sitio se encontraba en un lugar relativamente céntrico y, eso sí, muy transitado.
Ahí, los hombres entraron al lugar y no tardaron en amenazar y someter a los asistentes del lugar. Previamente, los responsables habían cargado con galones de gasolina con la que rociaron el sitio, después de supuestamente disparar en el interior e incluso, de acuerdo con testimonios que se contradicen, aventar al menos una granada.
Una vez comenzado el incendio, el grupo armado se retiró, no sin antes cerrar la única salida y entrada del lugar de dos pisos. El incendio alertó a las autoridades, pero su intensidad consumió el lugar en poco más de tres horas en la tarde regiomontana.
Las llamas comenzaron a arder y los presentes iniciaron una estampida para salir. Algunas personas pudieron escapar, pero otras más murieron aplastadas. El fuego creció tanto que ya no se pudo cruzar a la entrada.
Al interior, murieron 52 personas, aunque los familiares de las víctimas recuerdan cada año a “52+2″, ya que dos de las mujeres que perecieron en el recinto de apuestas estaban en diferentes etapas de embarazo.
Cuerpos de emergencia estatales llegaron al lugar, pero el incendio había crecido tanto que más de cinco decenas de personas ya habían perdido la vida. Antes del ataque se encontraban alrededor de 100 individuos dentro del casino.
Ese día el sitio operaba de manera ilegal. Había sido clausurado por haber comenzado a ampliar sus instalaciones sin tener un permiso para hacerlo. Además, de por haber sido señalada por irregularidades en las autorizaciones que necesitaba para establecer el casino.
El propietario del sitio de apuestas era Raúl Rocha Cantú, dueño de la empresa Entertainmen Enterprises of México. El hombre declaró ante las autoridades que el grupo delictivo le pedía entre USD 50,000 y 140,000 por protección, pero él no quiso pagar.
El atentado, uno de los más agresivos y, por cantidad de muertes, de los más grandes en la historia reciente de México. Los Zetas también son los responsables de la matanza de San Fernando, cuando ejecutaron a 72 personas en el municipio con aquel nombre, en Tamaulipas, la mayoría migrantes centroamericanos que buscaban llegar a Estados Unidos.
Por el atentado en el Casino Royale fueron detenidos más de 25 personas, algunas relacionadas directamente con Los Zetas. Una parte de los detenidos aseguró que su intención no era provocar tantas muertes, sino apenas presionar y asustar a los dueños.
Una docena de los detenidos fue condenada por el atentado. Nueve fueron sentenciados entre 2011 y 2016 y tres más fueron condenados en 2018, de acuerdo con las autoridades mexicanas.
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