Un colectivo internacional de abogadas reclamó este lunes a las autoridades mexicanas investigar si un funcionario descubierto con una menor desnuda en su automóvil, está vinculado a una red de trata de menores.
El 26 de julio, fue detenido el director de Recursos Humanos de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, estado mexicano de Jalisco, Luis Alonso 'N' con una menor de 10 años desnuda y sometida en su vehículo.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres exigió al ayuntamiento de Puerto Vallarta y a la Fiscalía de Jalisco hacer las investigaciones para determinar quienes pudieran estar protegiendo a Luis Alonso.
Sandra Quiñones Domínguez, miembro del Comité, declaró que se ha detectado que el inculpado se movía en algunas áreas de Puerto Vallarta en donde operan redes de pornografía y de turismo sexual, “por lo que podría ser que haya más personas detrás”, apuntó.
Tan solo en los últimos meses han sido registrados en la zona de manera oficial 67 casos de niñas y niños que han sufrido violencia y abuso sexual.
El funcionario fue destituido y encarcelado. El pasado viernes un juez definió que el detenido no podría ser procesado por corrupción de menores ya que “la menor no sintió placer” y que el acusado estaba vinculado a otro proceso por abuso sexual infantil.
La Fiscalía General de Jalisco anunció que apelará la decisión del juez de Puerto Vallarta debido a que existe “una inexacta aplicación de la ley”.
Argumentó que la resolución violenta los derechos de la víctima, vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor y deja de lado la perspectiva de género.
El juez también ha sido desvinculado de su cargo tras la decisión de minimizar la responsabilidad del detenido, informó el Consejo de la Judicatura de Jalisco.
El suceso indignó a la comunidad de Puerto Vallarta y colectivos de defensa de derechos de mujeres han protestado el fin de semana en diversas instancias con la consigna de “Las niñas no se tocan”.
Quiñones Domínguez afirmó que la familia de la menor vulnerada es de origen humilde y ha sido acosada por diversas instancias, como ocurre en la mayoría de los casos que pretenden denunciar un caso similar.
La activista y abogada Guadalupe Ramos señaló que aunque la fiscalía no confiscó la ropa del exfuncionario ni realizó un peritaje de fluidos al interior del coche como evidencias, hay elementos para concluir que la menor fue víctima de abuso sexual.
“El propio fiscal general (estatal) dijo que el primer peritaje no se advertía violencia sexual, ¿Qué más quieren de violencia sexual que un adulto, funcionario público, tenga arriba de su carro a una niña menor de 10 años?”, cuestionó.
EFE
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