A un día de que la Ley General de Salud Mental en México fuera votada en el Senado de la República, la tarde de este martes, se decidió que dicha propuesta sea retirada de la discusión de la agenda del 29 de julio, correspondiente al segundo periodo extraordinario, con el objetivo de enriquecerla mediante Parlamento Abierto, atendiendo todas las observaciones de los especialistas y disidentes.
Así lo informaron Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la cámara alta, y Geovanna del Carmen Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo (PT) e impulsora de las iniciativas, a través de un video publicado en redes sociales.
“Estamos solicitando de manera formal al presidente de la Junta de Coordinación Política, que retire del periodo extraordinario la discusión y el debate de la Ley General de Salud Mental (...) Queremos solicitarle al senador Ricardo Monreal que abra los canales de discusión y debate, que sean incluyentes gracias a este interés que se le ha puesto al tema de salud mental, para que pueda generarse a partir del mes de septiembre a Parlamento abierto”, declaró Geovanna del Carmen Bañuelos.
Por su parte, Monreal reconoció la apertura de la bancada del PT y explicó que este dictamen generó “discusión pública en distintas instancias de la sociedad civil”, por lo que el grupo parlamentario decidió retirarla hasta que se dé un procedimiento de participación de colectivos y asociaciones civiles de personas con discapacidad psicosocial para su redacción.
Y es que, más allá de la intención de la propuesta de ley, el contenido ha sido criticado y rechazado por colectivos y especialistas en redes sociales bajo los hashtag #LeyBañuelos y #SaludMentalConDerechos. Afirman que fue hecha con recomendaciones de hace 18 años; es decir, que cuenta con contenido e ideas caducas, aparte de permitir el tratamiento forzado y contener expresiones como “deficientes” o “enfermos mentales”, lo que es violatorio de los derechos humanos.
Incluso, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido la legitimidad de los reclamos expresados por las organizaciones sociales y comparte muchas de sus preocupaciones ante el desconocimiento de la capacidad jurídica de las personas, los internamientos involuntarios o los tratamientos forzados perpetuados por la iniciativa de ley.
“De aprobarse la Ley General de Salud Mental, desconocería la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Además, este instrumento justificaría la privación de la libertad por motivos de discapacidad”, destaca el comunicado emitido el 27 de julio.
Asimismo, Carlos Ríos Espinosa, investigador de Human Rights Watch, advirtió sobre los riesgos de aprobar la iniciativa en entrevista con W Radio.
De acuerdo con la organización no gubernamental, la ley “reproduce una visión biomédica que invisibiliza y aísla a las personas usuarias al verlas como objetos de tratamiento y no como sujetos de derechos” y “pone en entredicho derechos como el derecho a la autonomía, al consentimiento informado, a la capacidad jurídica y a la libertad personal”, apunta en un comunicado.
Celebran la decisión
Luego del anuncio de los senadores, varios especialistas y disidentes celebraron a través de Twitter la decisión, a fin de llegar a un consenso.
“Me congratulo que se haya decidido retirar de la discusión de la agenda del periodo extraordinario, el dictamen de Ley General de Salud Mental. Coincidimos en la necesidad de una reforma profunda y bienvenido el parlamento abierto. Celebro la apertura, Geovanna Bañuelos”, escribió en Twitter Carlos Ríos Espinosa.
“Gracias por escuchar, Ricardo Monreal y Geovanna del Carmen Bañuelos. Construyamos juntos -con las personas usuarias de servicios de Salud Mental y sus organizaciones- un capítulo dentro de la Ley General de Salud que atienda este tema que a todos y todas nos importa”, publicó Katia D’Artigues, periodista y fundadora de la Asociación Civil “Comunicación para la Inclusión”.
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