La autoridad judicial negó darle libertad a uno de los dos hombres señalados por su probable participación en el asesinato de un juez federal y de su esposa en el estado de Colima, por lo que seguirá en arraigo mientras se realiza la investigación.
Un juez del del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó la suspensión provisional en el amparo solicitado por David Ulises “N”, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
El hombre se inconformó por el arraigo al que está sometido desde el 28 de junio pasado, medida cautelar que surtirá su efecto hasta el 8 de agosto, cuando se cumplan los 40 días por ley que las autoridades pueden mantenerlo privado de su libertad sin presentar cargos.
David Ulises “N” se encuentra detenido en el Centro Federal de Investigaciones de la FGR (Fiscalía General de la República), luego de que la medida cautelar de arraigo solicitada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) fuera emitida por un juez especializado.
El hombre es una de las dos personas detenidas el 28 de junio pasado por la Fiscalía mexicana. El otro detenido fue Jaime “T”, quien sí contaba con una orden de aprehensión girada por un Juez del Sistema Penal Acusatorio del Segundo Partido Judicial del estado de Colima.
El segundo acusado, conocido como “El Alacrán”, fue detenido por su probable responsabilidad del homicidio de una legisladora del estado de Colima, la diputada local de Morena Francis Anel Bueno. Dicha detención se llevó a cabo por los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar).
El juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas fueron asesinados el 16 de junio en Colima, en un “crimen de estado”, como afirmó Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El juzgador había decidido casos sensibles que involucraban al crimen organizado y renunció a la protección que le ofrece el Poder Judicial a todos sus integrantes que se consideran de alto riesgo por su trabajo.
“Que no haya duda que este es un crimen de estado y cuando hay una situación así todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado, aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna distracción”, expresó Zaldívar unos días después del asesinato.
El asesinato de la pareja fue atraído inmediatamente por la FGR y será el Ministerio Público Federal el que realizará las indagatorias. La muerte provocó también que las dos hijas del matrimonio, una niña de tres y otra de siete años, quedaran huérfanas.
El asesinato de Villegas y de Barajas desató además una serie de reacciones no sólo dentro del Poder Judicial de la Federación, sino en otros sectores de la sociedad, incluido el Poder Ejecutivo y la Iniciativa Privada.
Los jueces y magistrados federales pidieron que se revisen los protocolos de seguridad para sus integrantes. Incluso Ricardo Monreal, el líder de Morena, el partido de la mayoría en el Congreso, se sumó a las voces que piden una revisión del sistema de justicia para incluir la figura del juez sin rostro cuando los impartidores de justicia revisen casos delicados, como delincuencia organizada y corrupción.
El líder morenista también indicó que ha conversado con Zaldívar, y con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, así como con gobernadores y otros senadores. “Han manifestado abiertamente su preocupación frente a este tema”, dijo.
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