Suprema Corte decidirá si Yucatán debe legislar para aprobar el matrimonio igualitario

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo este martes un amparo interpuesto por un colectivo civil que denunció al Congreso del estado de Yucatán por haber desacatado la jurisprudencia del máximo Tribunal del país con respecto al matrimonio igualitario, al votar en contra de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo en 2019.

La Primera Sala de la Corte, en votación dividida 3-2, determinó que conocerá del asunto, donde se argumenta que la Legislatura yucateca no ha modificado su legislación para “ajustarse a los parámetros de regularidad constitucional en materia de discriminación”, en específico el matrimonio igualitario.

Los ministros lo determinaron así, ya que cumple con el requisito de interés, ya que se trata de un tema de discriminación hacia las personas de la comunidad LGBT+, al negarles que puedan, por un lado, acceder a la figura del matrimonio.

Pero además, involucra a la impartición de justicia como mecanismo de garantía para ejercer su derecho a acceder al matrimonio y en consecuencia a no ser discriminados y excluidos. La demanda de amparo fue interpuesta por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, que aseguran que los legisladores que rechazaron legislar el matrimonio igualitario “violaron el Pacto Federal”.

En la demanda, el Colectivo PTFY, conformado por personas de la comunidad LGBT+ y personas aliadas, señaló que la jurisprudencia de la SCJN (que data de 2015) indicaba una orden general a los Congresos locales de adecuar su legislación civil y familiar para garantizar que todas las parejas que constituyen una familia, independientemente de su conformación, puedan acceder a los distintos derechos que otorga la figura del matrimonio.

Sin embargo, el Congreso de Yucatán se negó a cumplir con los mandatos de la Corte. En abril y julio de 2019, en dos votaciones distintas, los legisladores de aquel estado en el sureste del país rechazaron el matrimonio igualitario. Pero, además, realizaron ambas votaciones en secreto.

El caso llegó al máximo Tribunal del país porque un Juez de Distrito resolvió sobreseer en el juicio de amparo. Dicha determinación fue impugnada en el recurso de revisión, que fue el que se solicitó atraer a la SCJN, quien este martes realizó dicha acción.

“La importancia de la atracción que hoy realiza la Suprema Corte tiene importancia no sólo para Yucatán, sino para toda la República. No es el único estado donde se ha legislado contra el matrimonio igualitario”, aseguró César Briceño Castro, integrante del colectivo que interpuso la demanda, a Infobae México.

Y es que con su decisión, la Primera Sala de la SCJN podría determinar si una jurisprudencia sobre un tema relacionado con la discriminación puede generar obligaciones a las autoridades legislativas que, de no cumplirlas, podría hacer procedente el juicio de amparo por omisión legislativa.

En palabras de Briceño Castro, “esperamos que la Corte les diga que no sólo tienen que reponer las dos votaciones del año pasado, sino que votar de manera secreta e ilegal no sean una opción”. “Esperamos que también les dé un plazo para que legislen el tema, no para que lo bloqueen”, indicó.

Por su parte, Kalycho Escoffié, parte del equipo legal del Colectivo PTFY, detalló la importancia que tiene para el país la decisión que tome la SCJN. “Hay otros estados, como Querétaro, en los cuales los Congresos no han acatado esta jurisprudencia, por lo que si se gana el amparo la Suprema Corte estaría confirmando que sus precedentes no solo obligan a jueces y juezas, sino también a poderes legislativos”, señaló.

El Colectivo yucateco es optimista, ya que, de acuerdo con Briceño Castro, la Corte ha sido su “más grande aliada”. Esperan además que el caso sea resuelto por la SCJN “a finales de este año o a principios de 2021″. Además, el grupo tiene otros dos amparos a las puertas del máximo Tribunal, ambos relacionados con la votación secreta que realizó el Congreso de Yucatán en 2019.

Y es que razones no les faltan para considerar a la Corte una aliada de su causa. Apenas este lunes, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, realizó un enérgico llamado a los Congresos locales a que respeten las decisiones del máximo Tribunal, ya que de otra manera “están realizando actos contra la democracia”.

El ministro presidente de la Corte indicó también que hay temas muy importantes donde los Congresos locales han hecho caso omiso de las decisiones que el Pleno ha tomado en su momento, como es el caso del matrimonio igualitario, uno de los más prominentes.

“Ha sido declarado de manera reiterada por este Tribunal que limitar el matrimonio a una unión entre hombre y mujer es inconstitucional y no obstante tenemos legislaturas que por razones político-electorales no ajustan sus legislaciones a lo que ha establecido la Corte, es decir a lo que establece la Constitución”, destacó.

Esta referencia fue dirigida al estado de Baja California, donde apenas el jueves pasado una iniciativa para avalar los matrimonios entre personas del mismo sexo no pudo alcanzar la mayoría calificada que se necesitaba, a pesar de que la mayoría de los legisladores estaban a favor del dictamen.

La SCJN determinó desde 2015 que el matrimonio igualitario es constitucional, por lo que las entidades federativas de la República deben cumplir con ese mandato. Sin embargo, apenas nueve estados permiten el acceso sencillo a esta institución.

En 15 estados del país, las personas del mismo sexo que deseen casarse lo pueden hacer a través de amparos, mientras que en otras cuatro, se puede realizar el proceso jurídico a través de un acuerdo. En cuatro estados más, la Suprema Corte ha obligado a cumplir a las autoridades locales con el mandato.

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