Los 12 estados en los que no importa la protección a periodistas y defensores de derechos humanos

México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión. Así lo alertó este jueves la asociación civil Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

De acuerdo con su informe “Libertad de Expresión 2020”, realizado en colaboración con algunas de las más prestigiosas universidades del país, la falta de seguridad para los periodistas y la normalización de la violencia en México han deteriorado en el último año las condiciones laborales, en especial en el ámbito estatal y municipal.

“Hemos normalizado el estado de cosas de agresiones a medios y a periodistas. Ya hay una estabilidad, una costumbre en la que pareciera que no tenemos manera de salir (...) hemos llegado a un punto en el que no sabemos a dónde vamos”, expresó Jacinto Rodríguez, periodista y miembro de Casede, en conferencia virtual.

Y es que tampoco el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado frenar esta violencia ni poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación.

Según la organización Artículo 19, en lo que va de la actual administración, que comenzó en diciembre de 2018, 13 periodistas han sido asesinados; sin embargo, los datos de Casede apuntan que el número ascendería al menos hasta 26.

A raíz de estas cifras, Rodríguez destacó la “alerta” que implica la existencia de “zonas de silencio”; es decir, regiones del país donde los periodistas no pueden ejercer su profesión y donde “todo vale”.

En este sentido, el informe señala que en México existen 12 estados que carecen de un marco jurídico apropiado para la defensa de las y los periodistas y defensores de derechos humanos: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Cabe mencionar que, la metodología del informe se centra en 11 indicadores y 22 variables distribuidas en tres dimensiones: 1) Marco legal e institucional de protección a la libertad de expresión, 2) Pluralismo en los medios de comunicación y 3) Seguridad y justicia para periodistas y defensores de derechos humanos.

En cambio, entre las acciones que se han realizado en otras entidades para la defensa y protección de la actividad periodística destacan la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz, la Unidad de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado en Chihuahua, el reglamento de la Ley de Protección del Ejercicio Periodístico en Colima y la Ley para la Protección de Personas en Situación de Riesgo en Guerrero, entre otras.

Aunque, solamente Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato y Veracruz destinan recursos económicos para estas instancias. En 2019, Chihuahua contó con un presupuesto de 14 millones 723 mil 278 pesos, la Ciudad de México con 13 millones 55 mil 850 pesos, Guanajuato con 917 mil 833 pesos y Veracruz con 19 millones 944 mil 369 pesos.

Además, sólo cuatro estados cuentan con áreas especializadas para la investigación de delitos contra periodistas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila y Oaxaca.

Por lo anterior, en el informe se hacen una serie de recomendaciones que consideran imprescindibles para revertir el estado de vulnerabilidad extrema en el que se encuentran los periodistas en México.

Algunas de ellas son desarrollar marcos legales que protejan la libertad de expresión e incorporar estándares internacionales a las leyes en el plano judicial.

Asimismo, también recomiendan otorgar presupuesto y mejorar las capacidades operativas para garantizar las actividades periodísticas, desarrollar planes de prevención y protección, capacitar a organizaciones de la sociedad civil o incentivar posicionamientos conjuntos entre Gobierno y medios, entre otros.

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