México se prepara para una semana crucial en los juzgados, ya que al país regresará, en calidad de extraditado, Emilio Lozoya, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y acusado por diversos delitos que involucran lavado de dinero, cohecho y delincuencia organizada.
El testimonio de Lozoya, uno de los principales funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y las pruebas que pueda presentar presentar contra sus ex jefes y aliados para poder salvarse de duras penas han puesto al país a la expectativa.
Es por ello que, cuando el ex funcionario sea traído desde Madrid, España, nación donde fue detenido a mediados de febrero, la audiencia a la que sea sometido en territorio mexicano será de máximo interés e importancia para la vida pública del país.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial, confirmó a Infobae México que la audiencia será cerrada a los medios de comunicación y al público que quiera acercarse por interés.
A pesar de que la ley indica que este tipo de eventos debe ser abierto al público, desde marzo el Consejo de la Judicatura, y en general el Poder Judicial, incluida la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, suspendieron la publicidad de los actos debido a las posibles afectaciones por la llegada de la pandemia de COVID-19 al país.
El CJF, sin embargo, intentará enmendar esta situación a través de un chat de Whatsapp donde transmitirá “la información de la audiencia en tiempo real” para la prensa. “Sobra decir que la información que les transmitiremos será íntegra y objetiva”, destacaron.
El CJF argumentó que esta es la mejor decisión “tomando en consideración los principios de publicidad, así como de presunción de inocencia, derecho a la privacidad e intimidad”. Así, quedará en manos del Consejo de la Judicatura Federal la narración de lo que suceda durante una de las audiencias más esperadas en los últimos años en México.
Y es que Lozoya, que se espera llegue a la Ciudad de México este jueves, aceptó ser trasladado a su país natal a cambio de beneficios jurídicos, por lo que se espera que entregue detalles a las autoridades mexicanas sobre posibles actos de corrupción durante el sexenio de Peña Nieto.
Ya en la capital mexicana, se aplicarán los protocolos de derechos humanos al extraditado, como parte de sus prerrogativas, y será revisado por un médico de la Fiscalía General de la República para acreditar su integridad física. “Cumplidos estos procedimientos, nuevamente se les dará aviso a los jueces de control para que señalen fecha y hora de las audiencias iniciales”, detalló la FGR.
La investigación de la actual FGR derivó en una orden de aprehensión contra el ex funcionario por lavado de dinero. El ex funcionario ya está inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años y declaró en su momento que ha habido una persecución mediática en su contra desde 2017, que tiene intereses políticos.
Lozoya está señalado por la compra de Agro Nitrogenados, por parte de Pemex, a precio sobrevaluado de acuerdo con los expertos, a Altos Hornos de México (AHMSA).
Otra de las acusaciones del gobierno mexicano contra al ex funcionario es precisamente haber recibido presuntos sobornos por más de USD 3 millones de la compañía encabezada por Alonso Ancira, detenido también en España el año pasado y que pudo salir de prisión tras pagar una fianza.
El segundo soborno es el que habría recibido de Odebrecht. Quinto Elemento reveló en su momento los testimonios de tres ex ejecutivos de la compañía sudamericana, donde revelaron las diferentes reuniones que sostuvieron con Lozoya cuando éste era una pieza importante en la campaña de Peña Nieto, de quien entonces su triunfo parecía inevitable.
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