La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga a una red de personas que no solo falsificó más de 1,800 certificados de defunción de víctimas de COVID-19, también alteró actas de personas que perdieron la vida en el sismo del 19 de septiembre y entre los involucrados están médicos del sector salud del gobierno capitalino, funerarias, funcionarios y embalsamadoras clandestinas.
De acuerdo con El Universal los primeros avances de la averiguación, que ordenó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indica que los certificados de defunción falsificados por médicos, tras el sismo del 2017, fueron vendidos a familias entre 3,000 y 5,000 pesos, con el fin de que pudieran cobrar los seguros u obtener apoyos económicos de la administración capitalina.
Fueron por los menos 100 actas de defunción que se expidieron bajo dicha modalidad en alcaldías como Tlalpan, Cuauhtémoc, Xochimilco y Coyoacán.
Asimismo, se ha identificado que operaron en conjunto con diversas funerarias y uno de los médicos involucrados es Irwing Baruxh “N”, dueño de Embalsamadora Servicios Integrales, en la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, sitio en donde se pudieron haber expedido las actas.
El expediente por la alteración de actas de defunción en el 2017, de acuerdo con la misma publicación, fue retomado por la fiscalía capitalina para avanzar en la indagatoria, por el subregistro de muertes por COVID-19.
La empresa se encuentra en la mira de las autoridades, porque en dicho sitio se expidieron 120 certificados de defunción en abril y más 53 del 2 al 17 de mayo, y están implicados ocho de 12 médicos, actualmente relacionados por la modificaciones a dichos documentos en la emergencia sanitaria por coronavirus.
Irregularidades en las actas
Las funerarias implicadas se comunicaban con los médicos y, posteriormente, contactaron a los familiares de la persona fallecida, quienes proporcionaban los datos.
Con la información que obtenían llenaban las actas de defunción, justificaban una causa de muerte de forma aleatoria. Los médicos en pocas ocasiones acudían a ver el cuerpo del occiso.
Los peritajes de la FGJ detectaron que los médicos expidieron certificados con datos incoherentes y en el caso de la información sobre las causas de muerte, existían diagnósticos que no debían causar la muerte de un individuos, pero así se realizó el registro.
Investigación de la FGJ
Fue en junio que se dio a conocer que la fiscalía comenzó a investigar a una red de personas que fueron señalados como los responsables de expedir certificados de defunción alterados.
Según la denuncia de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, los documentos fueron robados de sus oficinas y luego utilizados para certificar que las víctimas por supuesto COVID-19 fallecieron por enfermedades como insuficiencia respiratoria, neumonía atípica o neumonía viral y no por el nuevo coronavirus, lo que además de representar un “riesgo para la sociedad” representa una alteración a las cifras reales de personas contagiadas y de cuántas han perdido la vida durante esta pandemia.
Los avances en la investigación, señala El Universal, apuntan a que por lo menos mil certificados desaparecieron, de los cuales han ubicado poco más de 800 que se expidieron en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Texcoco y Chimalhuacán.
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