El Gobierno mexicano eliminó el apoyo energético para 300,000 pescadores y acuacultores en medio de la crisis por el COVID-19, denunció este lunes la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca).
Quitar esta ayuda, que consiste en estímulos fiscales a la gasolina ribereña y el diésel marino, dañaría a las micro, pequeñas y medianas empresas mipymes del sector, para las que el combustible representa hasta 70% de los costos de operación, indicó la Canainpesca en un comunicado.
"Presidente Andrés Manuel López Obrador: el duro golpe que su Gobierno le está dando al sector pesquero y acuícola nacional no tiene precedente. Lo invito a que reconsideren esta decisión que impacta severamente a las mipymes", escribió en un mensaje en Twitter, el presidente de la Cámara, Humberto Becerra.
México ocupa el lugar número 17 a nivel mundial en producción pesquera con más de 2 millones de toneladas de peces capturados en 11,000 kilómetros de litorales, según la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Esto significa un valor del sector de 29,814 millones de pesos (USD 1,350 millones), de acuerdo con el último Atlas Agroalimentario elaborado por el Gobierno mexicano.
Esta industria genera más de 2 millones de empleos indirectos, informó la Canainpesca en su boletín de prensa.
Por ello, la agrupación industrial denunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) "deja a la deriva" a 263 municipios costeros sin el estímulo fiscal al combustible marino.
Mientras que en México el precio promedio del diésel es de 18,73 pesos por litro (USD 0,85), en Estados Unidos es de 5,96 pesos (USD 0,27) y en Ecuador de 6,07 pesos (USD 0,28), aseveró la organización.
"El alto costo de los energéticos en México pone en desventaja a nuestro sector frente a nuestros competidores internacionales. Los precios bajos en el mercado del crudo no han beneficiado a los productores mexicanos", argumentó la asociación.
Al reclamo se sumó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que advirtió que las medidas podrían arriesgar la cadena de suministro de alimentos durante la pandemia de COVID-19, que suma más de 90,000 contagios y casi 10,000 muertos por la enfermedad.
“El Gobierno, a través de Hacienda, no está contemplando que en medio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, cualquier aumento de costos afecta seriamente a toda la cadena productiva a una industria que de por sí ya vivía una crisis”, estableció el comunicado.
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