
Uno de los sectores de la población que está padeciendo de manera importante la emergencia sanitaria por la COVID-19 es el de las cárceles en todo el país, ya que mientras el gobierno federal prepara el reinicio de las actividades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó que desde el 21 de mayo, el número de personas contagiadas se incrementó por seis.
De acuerdo con un reporte de esta Comisión, durante el 21 y el 29 de mayo, los centros penitenciarios sumaron 136 casos de la enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus. Una semana antes, del 12 al 20 de mayo, únicamente se habían contabilizado 21 casos. Es decir, hubo 15 contagios diarios en los últimos nueve días.
Aunque el número de personas contagiadas con la enfermedad muestra un contexto aciago, organizaciones no gubernamentales que trabajan con este sector apuntan que los gobiernos estatales podrían reportar un subregistro que no corresponde con el número real de casos.
“El panorama es bastante preocupante, especialmente por la falta de información y acciones para atender el coronavirus en el interior de los centros penitenciarios”, comentó al diario El Universal, José Luis Gutiérrez, director de Asistencia Legal para los Derechos Humanos (AsiLegal).

Aunque la CNDH ha dado a conocer 257 casos positivos de COVID-19, así como 174 sospechosos, las cifras de AsiLegal son distintas, pues esta ONG también se basa en los reportes obtenidos a partir de la prensa y, por lo tanto, ha contabilizado a 306 personas infectadas entre internos y personal del sistema penitenciario, una precisión que no hace la Comisión en sus datos.
“Las prisiones no estaban preparadas para una emergencia sanitaria como ésta. Tienen problemas de hacinamiento y no hay suficiente personal ni médicos”, lamentó Gutiérrez, algo en lo que coincide la propia CNDH, pues este viernes publicó un mensaje en el que denunciaba las deficiencias en la infraestructura de salud en los penales.
Otra de las personas que se han pronunciado al respecto es Sofía Talamantes, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, pues desde su perspectiva, “la situación está empeorando. Cada vez se pone más grave y las autoridades penitenciarias no brindan información sobre la situación de las prisiones”, comentó al mismo medio.
Ante el aumento de casos y la previsión de que la tendencia continuará de esa forma, Talamantes hizo un llamado a las autoridades para que se impulse la preliberación de personas vulnerables a contagios, la creación de protocolos de sanitización para cada reclusorio y la vigilancia de que no haya contagios entre el personal.

Además de los casos confirmados de COVID-19, la CNDH también informó del fallecimiento de 38 personas por este motivo, 63 recuperadas y tres riñas o motines. Las entidades con reportes de crecimiento relevante son Puebla y Jalisco. En el primero, la Comisión alertó del primer caso el 24 de mayo y para el 29, la cifra se había elevado hasta 64.
En el segundo, entre el 21 y 29 de mayo, las personas diagnosticadas con la enfermedad sumaron 23 a los 76 casos que ya se tenían registrados. Cabe mencionar que en esta entidad, las propias autoridades han identificado un brote en el Complejo Penitenciario Puente Grande, el cual ha avanzado de manera importante.
Otros estados cuyas cárceles han reportado los contagios son Chihuahua, con 21; Yucatán, con 16; Estado y Ciudad de México, con 15; Chiapas, con ocho; Oaxaca, son siete; Sinaloa, con cinco; Tabasco, con cuatro; Quintana Roo, con dos; y Guanajuato, con uno.
Por esta situación, la CNDH solicitó que se lleven a cabo medidas emergentes a favor de las personas privadas de la libertad como reforzar acciones para garantizar el derecho a la salud; suministrar insumos de higiene suficientes; garantizar la comunicación telefónica con familiares; elaborar un programa nacional de despresurización penitenciaria y otorgar beneficios de preliberación a los más vulnerables.
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