México y la CIDH firmaron un acuerdo para reinstalar al GIEI en la investigación del caso Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmó el pasado 6 de mayo con el gobierno mexicano el Acuerdo Internacional para la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que prestará asistencia técnica internacional para el caso Ayotzinapa.

Junto con la rúbrica del Estado mexicano y representantes de los 43 normalistas desaparecidos queda oficializada y en vigencia su nueva actuación.

El 3 de diciembre de 2019 la CIDH, a solicitud de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión se puso a disposición del Estado mexicano a fin de reinstalar el GIEI para que coadyuve en la búsqueda de los jóvenes y en la investigación sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Esto en el marco de la medida cautelar 409/14 emitida por la CIDH para la determinación del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa que, a la fecha, continúa vigente.

Para ese propósito, la CIDH y el Estado mexicano, con la participación de los representantes de los familiares y de los ex integrantes del GIEI que participarán en esta etapa, iniciaron un proceso de construcción de un Acuerdo Internacional, que cumpliera con los estándares interamericanos necesarios para garantizar la independencia y proveer de las facultades necesarias para que el GIEI pueda realizar eficazmente su mandato.

El Acuerdo Internacional fue firmado por el secretario ejecutivo de la CIDH, el Estado mexicano, a través de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como por la representación de los estudiantes desaparecidos y sus familias, y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), como testigos de honor.

En el Acuerdo Internacional se estableció que el GIEI será reinstalado con las personas que lo integraron en su primera etapa, conforme a la solicitud de los familiares. En estos términos, Ángela Buitrago (Colombia), Carlos Beristain (España), Francisco Cox (Chile) y Claudia Paz (Guatemala) asumirán nuevamente estas funciones.

Conforme a su mandato, el GIEI brindará asistencia técnica en la investigación del caso Ayotzinapa, lo que incluye la participación en la elaboración de planes de búsqueda, el análisis técnico y coadyuvancia en las investigaciones, el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Atención y Posibles Reparaciones para las víctimas y sus familiares, la identificación de patrones de tortura y el análisis de las garantías de independencia para la investigación.

El GIEI tendrá una duración de nueve meses y emitirá su primer informe a los tres meses de su entrada en funciones, y de conformidad con lo acordado compartirá los resultados de su asistencia técnica con la CIDH, la COVAJ, la Fiscalía General de la República (FGR), las víctimas y sus representantes y la La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH).

En su actuación anterior, el GIEI echó por tierra la llamada “verdad histórica” defendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

El gobierno mexicano señaló que esta acción forma parte del compromiso establecido en el “Decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y acceso a la justicia”, emitido el 4 de diciembre de 2018 por el presidente de la República, el cual contempla la celebración de acuerdos que permitan la cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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