La pandemia por coronavirus ha supuesto que miles de trabajadores en México pierdan su trabajo o parte de sus ingresos. A 43 días de haber sido iniciada la Jornada Nacional de Sana Distancia, como parte de la estrategia del gobierno para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 en el país, la economía ha sido fuertemente golpeada ante la imposibilidad de llevar a cabo los esquemas de trabajo vigentes antes del inicio de la crisis.
Según la encuesta publicada por Concamín el 30 de abril, 40.5% de las empresas participantes en el estudio señalaron haber reducido su plantilla laboral. Además, según los datos de la Secretaría del del Trabajo y Previsión Social (STPS), desde que inició la fase 1 de la epidemia por coronavirus en el país se perdieron 346,878 fuentes laborales.
Durante la segunda semana de abril, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, indicó en una conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional que entre el 13 de marzo y el 31 de ese mes se perdieron 198,000 empleos, y 148,845 en la semana del 1 al 8 de abril.
De acuerdo con dichos datos, las entidades que se han visto más afectados por la contingencia sanitaria, en cuanto al mayor número de despidos son Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México.
En respuesta a este problema, la Procuraduría Federal de Protección al Trabajo (Profedet) anunció la habilitación de un portal para quienes han visto vulnerados sus derechos laborales ante la crisis por coronavirus en el país. En un comunicado de prensa, publicado por dicha dependencia se indica que en el micrositio “las y los trabajadores, empleadores y público en general encontrarán una serie de herramientas, guías, material de difusión, cursos de capacitación y consejos prácticos para que todos, en conjunto, defendamos el trabajo.”
Por esta razón, Appleseed México, Centro Mexicano Pro Bono, Fundación Barra Mexicana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, elaboraron una guía con el objetivo de clarificar cuestionamientos, soluciones y problemáticas de índole legal, que la ciudadanía pudiera tener ante la contingencia sanitaria por coronavirus.
La guía señala que ningún empleador puede modificar las condiciones de trabajo de manera unilateral, todo cambio en las condiciones laborales como la reducción de la jornada de trabajo y la consecuencia disminución de salario, para ser válidos, deben acordarse entre ambas partes.
Además, ante un despido injustificado, el cual se refiere a la decisión unilateral del patrón de terminar la relación laboral sin fundamentar la decisión en alguna de las disposiciones que establece la Ley Federal del trabajo, el empleador tiene la obligación de entregarle una indemnización constitucional que corresponde a tres meses de salario más una prima e antigüedad, según corresponda.
Durante los meses que han sido implementadas las disposiciones de higiene y distanciamiento social, se han presentado casos en los que los trabajadores son víctimas de despidos injustificados, disminución de salarios, entre otros. Razón por la cual, la secretaria de Trabajo y Prevención llamó a la población general a velar por las fuentes de empleo:
“A todos nos toca velar por las fuentes de empleo y la cobertura médica para proteger los ingresos y la salud de los trabajadores ante la pandemia del covid-19, tal como lo están haciendo con enormes esfuerzos la mayoría de los empresarios de nuestro país”, dijo Alcalde en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.
En este contexto, en una entrevista realizada por el diario Expansión, Marcela contó la historia de su despido del puesto de coordinadora de relaciones públicas en una empresa en la que laboró por más de cuatro años. Según el testimonio de la joven, la cual pidió no citar su nombre completo, el departamento de Recursos Humanos la acusó de mantener negocios alternos con un cliente de la firma, situación que ella niega.
“De la liquidación me dijeron que debía firmar una hoja donde yo dijera que me había ido voluntariamente y que no se me adeudaba algo. No la firmé en ese momento porque ellos me habían despedido, me insistían en que eran protocolos, que necesitaba firmarlo. Yo comenté que no hasta que se hiciera el cambio... Había laborado cuatro años y que me correspondía liquidación, pero me dijeron que no porque ya me habían pagado todos esos años y que a lo mucho me darían aguinaldo y vacaciones”, señaló la entrevistada a Expansión.
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