En los últimos meses, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) ha soportado varios golpes. El más reciente ocurrió el 12 de abril, cuando cinco de sus miembros fueron capturados con un potente arsenal militar que incluía cinco armas de fuego largas, tres cortas, 12 cargadores y 398 cartuchos.
Un mes antes, en medio de un operativo conjunto entre las fuerzas estatales y la Marina en el municipio de Celaya, Guanajuato, fue capturado el padre de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder de esta organización criminal.
La detención de Rodolfo "N", padre de Antonio Yépez Ortiz, fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, quien detalló que la noche del jueves, el hombre fue capturado durante un retén aleatorio.
Sophia Huett López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana del Estado, confirmó que en medio de otra operación también fueron capturados otros siete colaboradores del cártel. Estas capturas se suman a la lista de por lo menos otras 35 personas de esta organización que fueron detenidas en enero de este año.
En un esfuerzo por detener el avance de las autoridades en estos operativos, miembros del CSRL bloquearon las vías de acceso al municipio con vehículos y llantas incendiadas. Una situación similar se replicó en por lo menos otros siete municipios del estado de Guanajuato, donde esta organización opera.
Sin embargo, no solo es la persecución de las fuerzas de seguridad, pues el cártel también libra desde hace meses una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que continúa cerrándole el cerco a “El Marro”.
En enero, el Grupo Élite del CJNG intentó asesinarlo en medio de la celebración del matrimonio de su hermana Karem Elizabeth Yépez Ortiz, quien falleció como resultado de los enfrentamientos.
La arremetida del Estado contra el CSRL comenzó en marzo de 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la operación Golpe de Timón, un operativo implacable para desarticular a esta organización criminal que ha incluido recientemente el uso de drones militares por parte de la Fuerza Aérea.
El plan surgió por el aumento de la violencia que generaron los múltiples enfrentamientos entre estos dos cárteles en la región. Solo en 2019, Guanajuato alcanzó una cifra de 4.494 homicidios, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se convirtió así en el estado con más homicidios del país.
El golpe a sus finanzas producto de la extracción ilegal de hidrocarburos, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias, han limitado la capacidad del CSRL de pagar su nómina e incluso de corromper a autoridades de alto nivel para garantizar su supervivencia.
“La resiliencia del CSRL se debe principalmente a tres factores: su líder alias ‘El Marro’, la diversificación que ha logrado en sus fuentes de ingreso, y su arraigo en las comunidades donde opera”, aseguró Víctor Sánchez, consultor y experto en seguridad de la Universidad de Coahuila, al sitio especializado InSight Crime.
Según Sánchez, pese a que sus capacidades han disminuido, el CSRL ha logrado mantener sus plazas frente al Cartel de Jalisco Nueva Generación en Guanajuato e incluso hacerle frente al Estado, en principio porque su cabeza más visible no ha sido capturada aún, lo que le ha permitido mantener la verticalidad y cohesión dentro del grupo.
Además, el CSRL ha logrado mantener una base de sicarios dedicados a la extorsión, lo que le permite a sus miembros recoger personalmente rentas considerables. Esto se ha traducido en fidelidad hacia la organización, a pesar de las dificultades que ha tenido recientemente para pagar a autoridades, pobladores y miembros del grupo.
El carácter nativo de las células huachicoleras (grupos dedicados al robo de combustibles) que operan en la región, con bastante arraigo en las comunidades, también supone para el grupo una ventaja respecto al CJNG, explicó Sánchez.
Sin embargo, más allá de sus fortalezas a nivel local, el CSRL dista mucho de expandirse por encima de sus nichos locales o de convertirse en un gigante del narcotráfico mexicano.
De acuerdo con Jaime López-Aranda, exfuncionario policial mexicano y actual consultor en temas de seguridad, entrevistado por Insight Crime, aunque el cártel posiblemente cuente con cierta protección de autoridades a nivel local, esta no llega a niveles estatales o federales, lo que a largo plazo supone un problema para la supervivencia del grupo.
Otra razón por la cual su expansión se vería limitada es la calidad de las alianzas que ha formado con grupos como Los Viagras o el Cártel de Sinaloa para hacerle frente al CJNG.
Víctor Sánchez señala que, si bien estas organizaciones han realizado préstamos materiales y de personal para apoyar al CSRL en su lucha, estas no han sido acciones coordinadas que le permitan al grupo afianzarse en el territorio.
Por estas razones, los expertos coinciden en que el CSRL no podrá soportar por mucho tiempo estar en el centro de las actividades de vigilancia del estado, mientras enfrenta a la par una gran amenaza como el CJNG.
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