Créditos por la emergencia de coronavirus no son el primer apoyo oficial en el que aparece el nombre de AMLO

Este jueves 23 de abril, durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó el boceto de las cartas de confirmación de crédito que serán enviadas a los pequeños empresarios, mismas en las que el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador aparecerá en cada una de ellas.

La entrega de estas cartas forma parte de un programa emergente para atender la crisis económica generada por el coronavirus en México, en donde 3 millones de pequeños y medianos empresarios recibirán 25,000 pesos de crédito “a la palabra”. Este programa es de carácter público, no electoral ni propagandístico. Es decir, que es deber del gobierno plantear una condición menos adversa para quienes padezcan alguna afectación económica derivada el COVID-19 en el país; sin embargo, el formato de presentación está personalizado con el nombre de AMLO, lo cual podría ser una falta al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se debe de puntualizar que la entrega de este documento se va a empezar a hacer en mayo de este año y que lo que presentó Robledo es el boceto, entonces, se puede determinar que aún no se ha incurrido en ninguna transgresión de la ley; sin embargo, distintos críticos de la cuarta transformación ya señalaron el fallo, como es el caso de Denise Dresser, quien señaló esto en Twitter:

“Ojo. Que el nombre del presidente @lopezobrador_ aparezca en las cartas autorizando créditos es violatorio del Artículo 134 de la Constitución, que prohíbe la propaganda/promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Sin embargo, no es la única vez que la llamada 4T ha generado este tipo de malos entendidos. En diciembre del 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que funcionarios entregaron programas sociales con propaganda de AMLO, con lo que hubo un uso indebido de fondos públicos de México.

De acuerdo con la autoridad electoral, 36 funcionarios que forman parte de los “Servidores de la Nación”, antiguos voluntarios de Morena, luego contratados por el gobierno para dar seguimiento a la entrega de apoyos económicos, utilizaron en su trabajo elementos para la promoción personal del mandatario.

El tribunal no fincó responsabilidad a Morena ni al mandatario mexicano porque ninguno de ellos autorizó el uso de su nombre e imagen, pero sí procedió contra el grupo de Servidores de la Nación. La denuncia corrió a cargo del PRD y prosperó porque había forma de probar que la entrega de estas ayudas sociales se hacía al mismo tiempo que se entregaba esta propaganda. Cosa que en este caso no ocurre, pues aún no se pone en marcha de manera oficial el programa de ayuda a PyMEs.

Para entender mejor este tema, el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la publicación de “Líneas jurisprudenciales” de dicho artículo, en el que la doctora Karolina Monika Gilas abunda sobre la interpretación y aplicación del Estado de derecho en casos similares.

A groso modo, en la constitución se detalla que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. Esto quiere decir, entre muchas cosas, que los recursos de financiamiento no deben de ser instrumentos propagandísticos de personas, empresas, partidos políticos ni ideas en específico; sino que deben de ser sólo eso: recursos federales con un fin en específico, que en este caso es ayudar a los emprendedores mexicanos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA