
En 14 meses de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, han surgido 171 compañías y 561 contratos por 366 mdp con 92 dependencias federales; sin embargo, el 77% de los miembros de sus Consejos de Administración carecen de experiencia empresarial. 7 de cada 10 contratos fueron por adjudicación directa y sin convocatoria pública.
Lo anterior con base en una investigación realizada por Quinto Elemento Lab y publicada por Proceso.
Del total de contratos otorgados a estas empresas que nacieron poco antes de la llegada del nuevo gobierno y durante todo el primer año de la administración, 398 (71%) fueron asignados por adjudicación directa; 92 (16%) bajo el sistema de invitación a tres personas, y sólo 71 (13%) de ellos fue concursado bajo un proceso de licitación pública.

De igual manera, al examinar en Compranet (sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas) se detectó la fecha de creación de estas compañías al verificar las claves alfanuméricas del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los nuevos proveedores gubernamentales, de tal manera que se y descifró quiénes son los socios y empresarios que fundaron estas sociedades.
Antes de que el mandatario llegara a la presidencia, su posición ante el tema era distinta, ya que solía criticar la asignación de contratos gubernamentales sin concurso, pero en abril de 2019 el presidente justificó el método de las adjudicaciones directas en su gestión. Sin embargo acusó que gobiernos anteriores simulaban procesos de licitación que en realidad favorecían a empresas extranjeras.
Ante ello, “eso sí calienta” es una de sus frases predilectas para responder a críticas y cuestionamientos, pero sobre todo para establecer una diferencia con gobiernos anteriores, considera la politóloga y escritora Denise Dresser, que antepone su postura asegurando que “esta es la historia de la Estafa Maestra del periodo peñanietista, repleta de empresas fantasma, fondos desviados, amigos enriquecidos y botines repartidos”, señaló en su columna de El Reforma.

Por ejemplo, de acuerdo a El Sol de Toluca, recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Entre otras irregularidades, se encontró que durante el periodo 2014-2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó 45 contratos de los cuales 12 fueron licitaciones públicas.

Otros 16 fueron por invitaciones a cuando menos tres personas; y 17 se realizaron por adjudicación directa, lo cual representó 34 mil 196 millones 744 mil pesos que se concentró principalmente en tres empresas.
Asimismo, en enero pasado Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad informó que 78% de los contratos que otorgó el gobierno federal fueron por adjudicación directa, con lo que superó a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Una colmena de corrupción, un enjambre de abejas morenistas, felices, felices, felices”, expresa Dresser.
Ello ocurre pese a que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que el gobierno prohibirá las adjudicaciones directas.
En su página 14, incluye un listado de siete acciones para el combate a la corrupción, entre las que destacan prohibir las adjudicaciones directas, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones, y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.

Sin embargo, según Denise, esto persiste porque dentro del nuevo gobierno “se están fomentando las viejas prácticas. Se mandan mensajes de que se quiere dar la oportunidad a “nuevos despachos”, pero esa retórica y esa forma de otorgar contratos permite que continúe el pillaje perfecto”.
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