(Foto: Cortesía)
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La puesta en marcha del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar a partir del pasado 1 de enero, en sustitución del Seguro Popular, refleja los grandes problemas del actual gobierno: la polarización entre dos posiciones que buscan vencer a la otra, y una oposición fundamentalmente reactiva que no representa gran cosa por sí misma.

Desde 2004 había funcionado el Seguro Popular: un mecanismo financiero tripartita entre el gobierno federal, los gobiernos locales y las familias beneficiarias que, tras un largo periodo de funcionamiento y calibración, funcionaba. Cierto, había problemas y carencias, pero se esperaría que fuese suplantado por un modelo más eficiente. Con todo lo anterior, contaba con 53 millones de afiliados y con un catálogo de cobertura de 294 servicios y 66 enfermedades graves.

Se esperaría de esa forma que el debate a partir de la toma de posesión del actual gobierno se centrase en temas como, por ejemplo, el diseño y organización de un Servicio Nacional de Salud que formase parte del Sistema Universal, la descentralización y el financiamiento de los servicios de salud, los recursos humanos, las enfermedades de la pobreza, la salud mental y las adicciones o la atención de grupos como las personas con discapacidad y los pueblos originarios.

Sin embargo, todo parece indicar que el INSABI se diseñó como todas las obras grandes de este sexenio: pensando en el legado que dejaría el presidente López Obrador a la posteridad, eliminando todo vestigio y logro de las administraciones anteriores. De esa forma, y sin contar con una planeación adecuada, mecanismos de sustitución, pruebas piloto, financiamiento garantizado o reglas de operación claras, se ha visto desabasto de medicinas, desinformación y simulación.

¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Reducirlo todo al combate a la corrupción sin aportar evidencias claras o pedir paciencia. Ante las protestas de padres de niños con cáncer, las de orden laboral de médicos, las de pasantes e internos de institutos nacionales, las de pacientes con VIH-Sida y la renuncia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, se nos ha querido hacer creer que faltan 200,000 médicos y enfermeras, además de otros complot. También el gobierno de la Ciudad de México quiere poner en marcha la que llama Universidad de la Salud, sin un programa de estudio claro o instalaciones necesarias.

Pero no presentaríamos la gravedad del entorno si no hablamos de la inoperancia de la oposición. Dejemos a un lado que la desaparición del Seguro Popular era una propuesta de campaña de López Obrador, por lo que debía haber un posicionamiento claro desde 2018: la iniciativa para desaparecerlo se presentó en julio de 2019 y se aprobó el pasado mes de noviembre. Salvo las audiencias públicas que hubo en agosto, no hubo un debate público sobre las bondades de lo que iba a desaparecer o una discusión sobre las ventajas y desventajas del nuevo modelo. Es decir, nunca conocimos una defensa clara y entendible ni del PAN ni del PRI de las instituciones que crearon.

Hoy día, el PAN pretende hacer una contrarreforma y sus gobernadores van pasando de la rebelión abierta a un tímido llamado a tener reglas de operación del INSABI antes de pensar en aprobarlo o rechazarlo. De esa forma, entre la oposición ramplona y la graciosa huida ante la polémica, van marchando hacia su irrelevancia.

De seguir así, preparémonos para tener a Morena en el gobierno por muchos años.

*Analista y consultor político @FernandoDworak

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