A sólo unas horas del famoso puerto de Acapulco, Guerrero existen cientos de pueblos que fueron abandonados ante las amenazas del crimen organizado y el olvido del gobierno mexicano.
Hace días, muchas personas apenas lograron salir con vida, luego del ataque sorpresivo de sicarios pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Zirándaro.
Desde principios de 2012, la ambición por controlar los plantíos y la distribución de amapola y marihuana, llevó a los pistoleros a asesinar y desplazar a las familias que habitaban en la región de la costa grande del estado de Guerrero.
Oficinas postales, centros de salud y escuelas... nada se salvó. Los dueños de las construcciones ahora padecen hambre, ya que al no poder regresar a cultivar sus parcelas viven de la limosna y la caridad de los pueblos vecinos.
En estos pequeños poblados, las imágenes se repiten: casas baleadas y edificios quemados por completo. Huertos abandonados y corrales para ganado derruidos. No hay ni una sola persona en un radio de 30 kilómetros y al parecer, así será por mucho tiempo más.
El mapa de la violencia en Guerrero
En Guerrero, donde la única ley es la del opio, los cárteles de la droga han desplazado a pueblos enteros.
Un informe reciente del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, indica que unas 6,500 personas han abandonado forzadamente sus casas, a causa de la violencia en el estado.
El fenómeno se registra prácticamente en todas las regiones, pero se concentra en Tierra Caliente y la Sierra de Guerrero.
Los eventos de desplazamiento han sido documentados en Chilapa, Zitlala, Petatlán, Tecpan de Galeana, Acapulco, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. También en las regiones de Tierra Caliente como San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Teloloapan, Coyuca de Catalán y Zirándaro.
Los desplazados forzados son la cara invisible de un exódo que se produce en gran parte del país: periodistas, activistas, estudiantes, médicos, profesionistas y empresarios son los más amenazados.
El fin de semana pasado, diez músicos indígenas fueron asesinados en el poblado de Alcozacán, en el municipio Chilapa de Álvarez.
De acuerdo con los reportes, los músicos regresaban de prestar sus servicios al conjunto “Conquistador”, al que le hacía falta equipo para una presentación.
Justo en la carretera Mexcalzingo-Tlayelpan, los músicos fueron emboscados en un retén de la policía comunitaria “Por la Paz y la Justicia”, presuntamente relacionada con el grupo criminal Los Ardillos.
Al ver el retén, las víctimas aceleraron, pero uno de los camiones en los que viajaban fue alcanzado por granadas, muriendo quemados cinco hombres. Los otros integrantes que viajaban en otro vehículo, fueron degollados y su camión fue lanzado a un barranco.
El gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, dijo que los atacantes intentaron simular un accidente de los hechos.
La situación en la región de Zirándaro ha sido la misma en los últimos meses, donde el enfrentamiento entre sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana ha dejado un cementerio.
Su alcalde, Gregorio Portillo Mendoza, ofreció una medida drástica para el combate al crimen organizado que domina en la región: una confrontación frente a frente con los cárteles.
Portillo Mendoza ha sido vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues sus dos hermanos encabezan una célula de de dicho grupo criminal, que disputa la plaza a José Pineda y Jonhy Hurtado Olascoaga quienes dirigen a la Familia Michoacana.
Varios expertos advierten que existen dos razones principales por la que los narcos atacan a las comunidades indígneas. La primera, según el sociólogo Aguirre Rojas, es porque quieren tener el control del lugar donde se producen las drogas. La segunda es porque en la mayoría de los casos, los grupos criminales tienen colusión directa con el Estado, entonces éste les dejará hacer lo que sea.
Los pobladores del estado de Guerrero han advertido que los perpetradores de la violencia no sólo son los actores tradicionales (narcos) sino también participan paramilitares, fuerzas estatales y policías municipales. Por tal motivo, los comunitarios han reactivado el sistema de autodefensas.
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