Cómo resolvieron en otros países el problema de seguridad en las escuelas

Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) han externado su preocupación por los operativos Mochila Segura ya que consideran que no es la mejor forma de abordar y prevenir tragedias como la ocurrida la semana pasada, cuando un niño de 11 años mató a su maestra y disparó a algunos de sus compañeros en Coahuila antes de suicidarse.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), así como asociaciones de padres de familia consideraron que revisión policíaca o por parte de padres de familia no se dirige a la parte central de las problemáticas entre niños y adolescentes que padecen violencia intrafamiliar, despresión, bullying o trastornos de personalidad que pudieran detonar un evento contra ellos mismos o sus compañeros.

Denunciaron que el sistema educativo del país continúa sin desarrollar una respuesta articulada para explicar y acompañar a sus estudiantes en los escenarios de crimen organizado con altos niveles de violencia que se han incrementado en los últimos años.

“Los acontecimientos de Torreón no pueden verse ajenos a la cultura de militarización que ha dejado la fallida estrategia de seguridad. Lo que ha llevado a un flujo masivo de armas, a disposición de familias que buscan protegerse ante contextos de gran violencia, permitiendo el acceso a estas por parte de niñas, niños y adolescentes. Es preocupante que no se vean estrategias de apoyo a la niñez en este contexto”, señaló Juan Martín Pérez es Secretario Ejecutivo de la Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDIM); Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y fundador de El Caracol AC.

Así como las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (CRC-ONU) en 2015, que señaló con preocupación el alto nivel de violencia que afecta a los niños tanto en las escuelas como en las comunidades, y especialmente, la violencia sufrida por los niños excluidos por el sistema educativo.

Por lo que recomendó realizar un estudio que analice el alcance de la violencia contra niñas y niños a través de internet, y fortalecer los esfuerzos para prevenir y atender este fenómeno, y que se dirija tanto a niñas y niños que asisten a la escuela como a aquellos que no asisten.

Además de reiterar su rotundo rechazo al operativo “mochila segura” por ser un acto de discriminación institucional que ha demostrado ser un fracaso para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar, enraizados en problemas complejos como la violencia comunitaria, la ruptura del tejido social, la impunidad y la inseguridad, al recordar la imposibilidad de implementar este operativo en cualquier orden de gobierno porque sería una violación a los derechos humanos, como lo establece la recomendación No. 21/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ha observado que dicho operativo, violenta el derecho a la intimidad, seguridad jurídica, no discriminación e interés superior.

"Es una estrategia fallida que utilizan los políticos y las políticas como control mediático porque el debate no es Mochila Segura, sino la violencia que viven los niños en este país que no se quiere asumir la responsabilidad del Estado para cambiar”, enfatizó .

Dijo que no hay certeza de cuántas entidades aplican este operativo, ya que es coyuntural, pues en cuanto ocurre un incidente en una escuela, se reactiva temporalmente.

“En cuanto sucede algo extraño rápidamente esa es la respuesta que tienen y dura un mes, dos meses y después se cambia, porque eso cuesta dinero, salvo en 2007 que Calderón invirtió dinero público porque estaba en el Presupuesto de Egresos de la Federación hasta 2009, después ya no y dependen de lo que les cobren a los padres de familia”, aseguró.

En 2017 este operativo era aplicado en, al menos, 18 entidades y se llegó a esta cifra luego de que un alumno disparó a su maestra y compañeros en Nuevo León.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48/2019 dirigida a la Secretaría de Educación Pública por la aplicación de este operativo en la pasada administración y que violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como el principio de interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México.

Por su parte, Guadalupe Alvarado, coordinadora de capacitación de talleres y servicios de la Unión Nacional de Padres de Familia, externó que no se puede eludir la responsabilidad de los padres de familia y resaltó su necesaria intervención en las actividades y entorno en los que se desarrollan sus hijos.

España y Perú crearon soluciones desde los propios alumnos

Juan Martín Pérez, de Redim, ejemplificó que en países como España y Perú se han implementado programas para los niños y adolescentes, en los cuales son capacitados por seis meses y ellos a su vez crean comisiones de apoyo para sus compañeros en resolución de conflictos.

Con este método pueden crear alertas de detección temprana en diversas problemáticas en un contexto más vertical donde los alumnos tienen mayor confianza de compartir sus problemas que con adultos o maestros.

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