Las investigación conocida como La Estafa Maestra fue una de las que más importancia tuvo en relación a las prácticas de corrupción que se llevaron a cabo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Si bien Rosario Robles, ex titular de Desarrollo Social, es una de las principales señaladas por este caso, el presidente de la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, dijo que también se llamará a cuentas a las universidades y otras entidades públicas y privadas.
De acuerdo con el funcionario, se harán “requerimientos a las Secretarías de Estado, desde donde se realizaron las actividades denunciadas a la Auditoría Superior de la Federación, y donde se llevaron a cabo las auditorías que están consideradas en las denuncias”.
Estas peticiones se harán con el propósito de que se envíen todos los certificados, así como el contenido de las auditorías para evaluarlas y definir si éstas pueden formar parte de las pruebas durante el proceso de juicio político en contra de Rosario Robles.
“Nos vamos a dirigir a aquellas universidades y a otras entidades públicas y privadas que constan en los escritos de denuncia y en la Cuenta Pública que reportó la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados” , detalló el funcionario de Morena durante una entrevista con el diario El Financiero.
En este sentido, Gómez puntualizó que en la Cuenta Pública es en donde se encuentra el listado de las entidades educativas, por lo que su análisis funcionará para pedir que informen acerca “de los convenios que hicieron, cómo los hicieron, en qué condiciones y qué fue lo que pasó”.
También detalló que se tendrán que dirigir a los servidores públicos que fueron partícipes directos en los convenios, contratos o acuerdos alrededor del manejo de recursos públicos que, según la Auditoría Superior de la Federación, se desviaron de su objeto: “Vamos a ver si efectivamente fueron desviados y hacia dónde se fueron en el caso de que lo hubieran sido”.
Respecto al caso de Rosario Robles Berlanga, Gómez detalló que la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados le informó acerca del juicio político en su contra desde el 2 de diciembre y también le explicó a la ex funcionaria tiene siete días hábiles para responder si desea comparecer personalmente o a través de sus abogados, pero aún se ha emitido una respuesta.
Después de que las Comisiones unidas de Gobernación y Justicia, así como la Subcomisión de Examen Previo avalaran el dictamen para declarar procedente el juicio político en contra de Robles, la Sección Instructora ha sido la instancia encargada del proceso de notificación, comparecencias, presentación de pruebas y el paso del expediente a las cámaras de diputados y senadores. Debido a la relación con este proceso, Gómez calculó que el juicio político podría concluir hasta marzo de 2020.
El martes 3 de diciembre, la también ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, envió una carta dirigida al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en la que denunciaba una guerra jurídica en su contra. En la misiva reiteró su inocencia y señaló que a ella no le han encontrado ranchos ni propiedades porque no se ha enriquecido al amparo del servicio público.
Asimismo, la ex funcionaria, quien estaría inhabilitada para ocupar cualquier cargo público, pidió que en su caso se procure la justicia y no la venganza por consigna. "Usted sabe que siempre tomo el toro por los cuernos y no me escondo, por eso me presenté al citatorio judicial, porque soy inocente”, aseguró.
Robles aclaró que la carta iba dirigida al fiscal, ya que está segura de que “no ha sido informado de las mentiras y delitos que han cometido los servidores públicos a su cargo para argumentar la privación de mi libertad. Esta detención arbitraria violenta a nuestra Constitución, al nuevo sistema penal y a la democracia”.
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