Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que diez superdelegados estatales se encuentran bajo investigación, pues fueron presentadas 12 denuncias en su contra a causa del presunto uso irregular de programas sociales.
Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, la funcionaria reveló que los superdelegados implicados en las pesquisas son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora; sin embargo, “estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”, agregó Sandoval.
También explicó que las denuncias se trabajan con autonomía técnica y de gestión, la cual corresponde a los Órganos Internos de Control (OIC). Señaló que las más importantes han sido asumidas por ella y por los OIC con el fin de procesarlas y generar resultados.
“Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para la asignación de una responsabilidad administrativa o incluso un vista para una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, advirtió Eréndira Sandoval.
En este sentido, un punto relevante que resaltó la funcionaria es que la utilización de programas sociales es un delito tipificado como grave y amerita prisión oficiosa: “En la ‘Cuarta Transformación’ no va a haber posibilidad de hacer un uso autoritario del poder o aún peor, de casos de corrupción”.
En la comparecencia, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raymundo García, señaló al superdelegado de Guerrero, Amílicar Sandoval, hermano de la secretaria: “Hay quejas de que está sugiriendo a proveedores y proponiendo a empresas constructoras”, mencionó el perredista.
Ante esto, la secretaria aseguró que en el gobierno no hay nepotismo y que las acusaciones están motivadas por la “incredulidad” de que ya no existe la corrupción “a la que nos tenían acostumbrados”.
Por esto, el combate a la impunidad, destacó, se realiza “sin filias, ni fobias” y es por ello que se investiga de igual manera a los servidores públicos de la administración actual, como a aquellos que tenían procesos abiertos en gobiernos anteriores. Hasta ahora, la SFP ha impuesto casi tres mil sanciones a servidores públicos. Destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.
A los estados mencionados se le suma el caso de Jalisco, cuyo ex superdelegado, Carlos Lomelí, enfrenta un proceso debido a las pesquisas que existen sobre contratos de sus empresas con el gobierno y por el cual compareció este jueves, de acuerdo con información del diario Reforma.
En septiembre, un par de empresas farmacéuticas de Lomelí -Laboratorios Solfran y Lomedic- fueron inhabilitadas por dos años y seis meses por haber incurrido en conductas irregulares, informó la Secretaría de la Función Pública.
Según información hecha pública por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Lomelí se hallaba en el centro de una red de nueve empresas farmacéuticas que había sido beneficiada con más de 2 mil millones de pesos en contratos públicos en siete años.
Cabe mencionar que una de esas nueve compañías, Abisalud, obtuvo contratos por al menos 164 millones de pesos durante el presente gobierno, sin embargo, Lomelí no la reconocía como suya a pesar de que comparten domicilio.
Por otra parte, Sandoval indicó que están en marcha otras auditorías relacionadas con los programas de apoyo a hijos de madres trabajadoras, de atención a personas con discapacidad, de ayuda para personas adultas mayores, Sembrando Vida, así como la actuación de los llamados Servidores de la Nación.
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